Andalucía tiene el número de coches oficiales más alto del mundo occidental
El drama, al menos para los españoles de a pie, es que los políticos están encantados con lo que hay y parecen dispuestos a mantenerlo aunque sea un despropóisto.
Y aquí entran todos y de todos los colores. Hay alguna notable excepción, como son Esperanza Aguirre o las voces discordantes que emergen de minoritarios como UPyD o Ciudadanos, pero en general, da igual que sean del PP que del PSOE, de CiU que del PNV, del BNG que de Colación Canaria.
El socialista José Antonio Griñán tomó este 5 de mayo de 2012 posesión de su cargo como presidente de la Junta de Andalucía realizando una encendida defensa de lo público y, sobre todo, del Estado autonómico.
A no mucha distancia, en Mérida, donde se acercó a dar apoyo a José Antonio Monago en el Congreso extremeño del PP, María Dolores de Cospedal se posicionaba a esa hora a favor del servicio que prestan las comunidades autónomas, a las que consideró «cooperantes necesarios» para sacar al país de la crisis».
LAS MANOS A LA CABEZA
Que la secretaria general del PP sostenga a estas alturas que las autonomías «no son el problema, sino parte de la solución», ha hecho a algunos echarse las manos a la cabeza.
Y con razón, porque el Estado español tendrá que acudir el próximo mes de junio al rescate de las comunidades autónomas con una macroemisión de hispabonos por importe de 30.000 millones de euros para salvarlas de la suspensión de pagos.
El diario ‘El Mundo’ revela este 6 de mayo, que el Gobierno Rajoy acaba de conceder un crédito de 900 millones de euros del ICO a la Generalitat de Cataluña para que pueda hacer frente a los vencimientos de sus bonos patrióticos.
Cataluña acumula una deuda de 41.000 millones de euros, una cifra equivalente al presupuesto anual de la Generalitat, y tiene comprometidos unos pagos de 2.500 millones de euros a lo largo de este mes de mayo.
De tratarse de una empresa privada, estaría abocada a presentar suspensión de pagos en los próximos días.
UNA EMPRESA EN QUIEBRA
Peor es todavía la situación financiera de Valencia, que es una de las comunidades más endeudadas en relación a su población.
Esta pasada semana, el Gobierno valenciano tuvo que renegociar el vencimiento de una emisión de pagarés de 500 millones de euros con Bankia, que, ante la imposibilidad de cobrar, aceptó refinanciar esa cantidad con un interés al 7%.
Valencia debe más de 20.000 millones de euros y en mayo tiene que refinanciar unos 3.000 millones de euros, lo que requiere una urgente inyección de fondos del Gobierno.
La suma de la deuda que tienen que devolver Cataluña y Valencia en lo que resta de año asciende a 16.000 millones de euros, lo que corrobora que si el Estado no acude en su socorro tendrán que suspender pagos.
AL BORDE DEL ABISMO
La deuda autonómica supera ya los 140.000 millones de euros, cifra que se ha triplicado desde 2005.
Esta situación es lo que explica que la agencia Standard & Poor’s rebajara el pasado viernes su calificación a nueve comunidades autónomas. Las peor libradas fueron Cataluña y Baleares, cuyas emisiones están ya a un paso del bono basura, categoría donde ya se encuentra Valencia desde hace meses.
La agencia habla en su informe de «despilfarro» y subraya que no se puede sostener su «mole de servicios».
La degradación de la calificación de las comunidades tiene una consecuencia práctica muy directa: que las entidades financieras que han suscrito su deuda no van a poder utilizarla como aval para refinanciarse a través del Banco Central Europeo (BCE), ya que éste no admite activos tóxicos o de baja calidad como garantía para prestar dinero.
LA PODA DE LAS CCAA
Es verdad que bastantes comunidades han empezado a realizar recortes de sus gastos, pero, aun así, apenas han comenzado a adelgazar el gigantesco aparato burocrático que, en la práctica, supone la existencia de ‘17 estados en miniatura’ por emplear una terminología utilizada por Aznar.
Cataluña, por ejemplo, que ha tenido que recurrir a la ayuda del Estado, mantiene todas sus embajadas en el exterior, no ha recortado un céntimo en sus políticas identitarias, se gasta cientos de millones de euros en sostener TV3 y amenaza con recurrir al Constitucional por agravios en los Presupuestos Generales del Estado.
Pero está también el ejemplo de Andalucía, con el número de coches oficiales más alto del mundo occidental.
EL SUEÑO DE LOS FARAONES
Resulta ya evidente para cualquier persona con sentido común, sea cual sea su opción ideológica, que esta faraónica estructura es imposible de financiar para un país de 45 millones de habitantes.
Ha llegado el momento de despertar del sueño y afrontar la realidad.
Y la única manera de hacerlo es acometer una gran reforma del modelo de Estado con el acuerdo del PSOE y del PP.
Pero no basta con un parche para seguir tirando sino que hay que acometer una profunda revisión de la Constitución, corrigiendo muchos de los abusos que se han cometido en las tres últimas décadas.
¿TENDRÁ VALOR RAJOY Y SE ATREVERÁ MONTORO?
Pero mientras se negocia ese pacto, el Gobierno dispone ya de la Ley de Estabilidad Financiera, que le concede la potestad de intervenir las cuentas de las comunidades.
No es lo deseable, pero el Ejecutivo no tendrá más remedio que dar ese paso si las autonomías no cumplen el plan de saneamiento y ajuste que deberían seguir a rajatabla a cambio del dinero que el Estado les va a entregar generosamente.
Solidaridad, sí, pero para sanear sus cuentas y no para que la situación vuelva a repetirse al cabo de unos años.
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