El anterior gobierno socialista abrió la veda de las rebajas de salarios públicos, que nunca habían descendido en democracia.
Como es conocido, aquel recorte de mayo de 2010, que nos obligó a todos a poner los pies en el suelo, redujo el sueldo de los funcionarios en un 5%.
Asimismo, la reducción prácticamente a cero de la tasa de reposición termina de desequilibrar unas plantillas funcionariales que hace tiempo que habían dejado de responder a criterios de racionalidad.
Parece claro que el futuro no puede pasar por esta estrategia de depauperación de los funcionarios públicos (que provocará la huida masiva de los mejores al sector privado en cuanto pase la crisis) y de vaciamiento sin rumbo de las distintas administraciones.
Pero pese a esta evidencia, el Gobierno, en lugar de plantear una reforma a fondo de las administraciones públicas, que debería vincularse estrechamente a la reforma de la estructura del Estado que supuestamente se pretende sacar adelante con el consenso de la oposición, está apretando las tuercas a los funcionarios.
De hecho, si se pulsa el ambiente de la calle, la opinión pública está en gran parte a favor de las últimas medidas que han intentado ‘colar’: la ampliación de horarios laborales y la amenaza de quitar los días de libre disposición, los llamados moscosos.
Y es que el Gobierno por fin se entera de que una gigantesca e ineficiente maquinaria estatal, autónomica y local no nos va a sacar de la crisis.
Eso sí, la responsabilidad es del que contrata y no del contratado considerando, además, que las estadísticas demuestran que los sueldos de los funcionarios medios no son desmesurados ni excesivos en comparación con el resto de Europa.
Mejor EREs que bajadas de sueldos
Por consiguiente, la pregunta que hay que hacerse es lógica: ¿no será que no hay que degradar a los funcionarios como tal sino hacer una reestructuración profunda que ajuste las plantillas y su productividad a los nuevos tiempos?
Si se ofrecen incentivos y alicientes y se introducen sistemas de formación continua, los funcionarios serán los primeros en aplaudir.
Es decir, que en vez de condenar a todos los funcionarios españoles a la precariedad y a vivir constantemente bajo la espada de Damocles de un nuevo recorte, ¿no sería más lógico retrazar la estructura pública, asumir despidos y EREs en las áreas que no produzcan eficiencia o que no puedan permitírselo y mantener las condiciones de vida y el incentivo del sueldo de aquellos que sí funcionen?
El debate no es baladí, ya que ni maestros, ni médicos, ni policías, sólo por poner ejemplo, son profesiones cuya motivación o dedicación pueda ser ‘sacrificada’ al altar del mantenimiento del statu quo, porque de ellos dependen la enseñanza de nuestros hijos, nuestra salud o nuestra seguridad.
Y eso, sin hablar de los departamentos de la Administración Pública dedicados, por ejemplo, a gestionar la creación de nuevas empresas, las líneas de crédito necesarias a las supervivientes o a mantener la correcta afluencia de prestaciones a aquellos que los necesiten en momentos tan díficiles como este.
Posiblemente no nos queremos dar cuenta que el debate está mal enfocado y lo que sobran son algunos funcionarios y no el sueldo de todos ellos.
Y, más aún, puede que ese sea el camino precisamente para sostener el Estado del Bienestar: no precarizar su globalidad, sino fortalecer su productividad y eficacia.
NOTA.- leer artículo original en ‘El Economista’
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