El Catedrático de la Universidad Ramón Llull, Santiago Niño Becerra, opina una vez más sobre la situación económica de nuestro país y de cómo las circunstancias de la inmigración han cambiado en los últimos años.
El economista explica que ha recibido un correo en el que la interesada le pregunta, entre otras cosas, cómo se le dice a un inmigrante que «ya no son necesarios sus objetivos de trabajo, que ya no se va a construir más y que cada vez será menos necesario producir cosas».
Tras este email, el economista considera que, efectivamente, «ya no son necesarios», y, de hecho «cada vez serán menos necesarias personas con una cualificación tan reducida».
«Si, para generar PIB, cada vez son necesarias menos personas independientemente de su cualificación» agrega el experto en su artículo titulado ‘Nadie nos dice que ya no son necesarios’.
Eso sí, Niño Becerra cree que una renta social mínima para estas personas siempre la habrá porque «la alternativa sería, aunque aumentase la represión, una conflictividad social insoportable».
«Lo que no entiendo es cómo se va a poder asumir la totalidad de la inmigración actualmente residente en España: la tasa de desempleo entre la población inmigrante ya supera el 33%».
Opina que el tema de la inmigración se ha manejado «rematadamente mal en nuestro país».
«Se trajo a un montón de personas para que trabajaran a bajo coste y en condiciones muchas veces imposibles y se las dejó en un limbo jurídico; a algunas se les regularizó; pero nunca se planteó: ¿qué haremos con ellas cuando ya no haya que hacer 800.000 viviendas al año; qué cuando el turista medio gaste menos cada uno de los días que aquí esté; qué cuando los hoteles tengan que prescindir de personal acuciados por la caída de ocupación y por la competencia; qué cuando las obras públicas decaigan?».
«Ningún político, ni de un color ni de otro, se planteó esa pregunta, y ahora ese momento ha llegado» advierte el experto en La Carta de la Bolsa, al tiempo que se pregunta hasta cuándo se va a evitar el tema.
«Pues hasta que la presión esté a punto de hacer reventar la caldera social. Posiblemente se planteen expulsiones disfrazadas de no-se-qué. Una chapuza legal, en definitiva».
