EL magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena abrió ayer una brecha con el Gobierno al solicitar al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, los datos concretos en los que se ha basado para afirmar públicamente que la Generalitat no incurrió en malversación de dinero público para financiar el golpe de Estado del 1-O.
La investigación de Llarena cifra la malversación en 1,9 millones. De resultar cierto lo que sostiene Montoro -muy distinto, por cierto, a lo mantenido por otros ministros del Gobierno-, buena parte de la causa penal abierta en el Supremo contra la cúpula del separatismo corre el riesgo de malbaratarse.
Además, Alemania, Bélgica o Escocia encontrarían en Hacienda el argumento idóneo que parecen buscar sus autoridades judiciales para impedir la entrega de los golpistas huidos. Montoro no solo tiene la obligación de ser más prudente y evitar inmiscuirse en una instrucción sumarial en curso, sino que debería dar valor a los relevantes informes policiales y de Interior que constan en la causa, y en los que se basa Llarena para procesar por rebelión y malversación a una veintena de independentistas.
De hecho, la Fiscalía española, con el aval de Justicia, está proporcionando a los tribunales alemanes más pruebas de esa malversación que niega Hacienda. En la lucha del Estado contra el separatismo no se puede hablar con ligereza para salvar la cara de un Ministerio.
El Supremo dispone de serios indicios proporcionados por la Guardia Civil de que la Generalitat pudo burlar la fiscalización que hizo Hacienda de cada euro hipotéticamente desviado para financiar el proceso de rebelión, y lo obligado ahora es comprobarlo, como hace Llarena, aunque genere descrédito en la gestión de Montoro. Esa es la prioridad.
Descartarlo de raíz y sin aportar un solo dato, como ha hecho el ministro de modo irreflexivo, es una absurda manera de dar un balón de oxígeno al independentismo, alentar la falaz tesis de que se trata de un procesamiento «político», y regalarles dosis de propaganda victimista, además de darles una fácil estrategia de defensa.
Lo ocurrido en Cataluña fue una quiebra de la legalidad, y para demostrarlo en una democracia sólida es irrelevante que algún miembro del Gobierno pueda quedar en entredicho.
De alguna forma, cuando Puigdemont o Junqueras niegan el desvío de dinero para la organización del referéndum ilegal o la proclamación de la «república» catalana, y a su vez Montoro reafirma esa idea, emerge una complicidad argumental que deja perplejo a cualquiera porque abundan los informes periciales que apuntan a una malversación de libro sin la cual la consulta no habría sido posible.
A su vez, cae por su propio peso la falsa idea transmitida por el separatismo de que Llarena no es un juez independiente, sino un sumiso acólito del Gobierno inmerso en una estrategia de represión a las libertades públicas de los catalanes. El Supremo hace su trabajo conforme a los principios de libertad y equidad, y Montoro debería tenerlo en cuenta antes de hablar.
