ANÁLISIS

Corrupción Institucional: Consejerías de la Junta de Andalucía repartieron más de 3.500 millones con el ‘método ERE’

Corrupción Institucional: Consejerías de la Junta de Andalucía repartieron más de 3.500 millones con el 'método ERE'
La juez Pilar Ordóñez y Susana Díaz, entre Manuel Chaves y José Antonio Griñán. EP

Al PSOE andaluz se le acaba de abrir un nuevo frente en pleno juicio por el caso de los ERE y a tan solo un mes y medio de la celebración de elecciones autonómicas (‘La Ruta de las Putas’: Así son los 5 puticlubs donde fornicaban altos cargos de la Junta de Andalucía con dinero de los parados).

Y lo más grave es que el tamaño de esta nueva trama corrupta podría multiplicar por cuatro el famoso «fondo de reptiles», cuyo descubrimiento ha terminado sentando en el banquillo a los expresidentes regionales Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros antiguos cargos de la Junta (PSOE en Andalucía: Lo de los ‘puticlubs’ a cuenta de los parados es solo la punta del iceberg).

La juez Pilar Ordóñez, en sustitución de la recusada María Núñez Bolaños, acaba de extender la investigación sobre el uso fraudulento de fondos públicos a todas las Consejerías andaluzas, más allá del programa específico de Empleo destinado a financiar las ayudas y prejubilaciones de empresas en crisis, que fue el que dio origen al escándalo.

La magistrada analizará todas las transferencias efectuadas por la Junta a la agencia pública IDEA entre los años 2000 y 2011, así como el personal adscrito a esta entidad, incluyendo la unidad interna encargada de supervisar el dinero, ante la sospecha de que el esquema irregular detectado en la Consejería de Empleo no fue un caso aislado, sino que se reprodujo de forma similar en el resto de departamentos autonómicos. IDEA fue el brazo ejecutor de las subvenciones fraudulentas en el caso de los ERE, cuyo reparto eludía los mecanismos de control que establece la ley y la fiscalización previa de la Intervención regional.

Como explica Antonio R. Vega en ‘ABC‘ este 17 de octubre de 2018, el manejo arbitrario de estos fondos permitió a la Junta articular una compleja red clientelar de prejubilaciones falsas y ayudas ilegales, además de una bochornosa trama corrupta dentro del PSOE para enriquecerse personalmente y favorecer a amigos y familiares mediante el dinero de todos los contribuyentes.

El desvío bajo sospecha asciende, como mínimo, a 855 millones de euros en los ERE, pero el total de dinero transferido a la citada agencia durante la pasada década supera los 4.300 millones de euros, de modo que la Junta habría dispuesto de una «caja negra para gastar sin control» mucho mayor que la investigada, tal y como denunció ayer el PP andaluz. Y ello sin contar que en este posible fraude podrían verse implicadas numerosas Consejerías autonómicas.

La profunda corrupción que padece Andalucía es un problema sistémico e institucional, fruto de cuarenta años ininterrumpidos de socialismo.

La ausencia de alternancia política ha posibilitado al PSOE la creación y expansión de una red clientelar que mantiene a parte del electorado cautivo a base de prebendas, mientras que otorga manga ancha a la corrupción política.

Susana Díaz, como presidenta regional, tiene que depurar todas las responsabilidades políticas dentro del PSOE, al tiempo que los andaluces hagan posible un renovador cambio de gobierno en las urnas para acabar con esta lacra.

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