La división dentro del Tribunal Supremo ha creado un lío innecesario con el tema del impuesto a las hipotecas.
Tras una larga deliberación y un duro debate que se ha dirimido por dos votos de diferencia -15 frente a 13-, el Alto Tribunal ha decretado que sean los ciudadanos los que sigan pagando el impuesto de actos jurídicos documentados que incluyen los préstamos hipotecarios.
Nada de esto habría sucedido si el presidente de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, el magistrado Luis María Díez Picazo, hubiera elevado al Pleno de la Sala el recurso que daba pie al cambio en la jurisprudencia sobre el pago del tributo, en lugar de esperar a que se conociera la sentencia.
Los intentos de dos jueces próximos a Podemos y la nula agilidad de Picazo -ha tenido prácticamente 10 meses para hacerlo- ha generado un problema donde no lo había.
Lo que ha hecho el Supremo no es, ni más ni menos, que aplicar lo que en la casa se conoce como «jurisprudencia pacífica». Durante los últimos 23 años el sujeto pasivo del impuesto a las hipotecas era el prestatario, es decir, el cliente del banco.
Así lo corroboran decenas de sentencias del Alto Tribunal e incluso del Constitucional. Por lo que, era un sinsentido cambiar las reglas del juego que han estado vigentes durante tanto tiempo. Entre otras cosas, por la inseguridad jurídica que ello provocaría, además del impacto sobre la economía española.
Es perfectamente lícito que todo el mundo quiera pagar menos impuestos, incluso que algunos tributos como el que es objeto de la discusión desaparecieran, pero de lo que no cabe duda es que contravenir, no sólo la jurisprudencia que lleva vigente décadas, sino incluso la doctrina europea en esta materia no genera otra cosa más que malestar entre la ciudadanía al crear un problema donde no lo había.
Los bancos, sabedores del lío en el que Díez Picazo les ha metido, estaban incluso dispuestos a asumir cambio en el pago del tributo, sin carácter retroactivo -otra cosa es lo que decidiera la UE a posteriori, como sucedió con las cláusulas suelo- ya que eso habría golpeado duramente las cuentas de resultados de las entidades.
Y esa era precisamente la decisión que habían tomado los magistrados del Supremo el lunes por la noche, antes de marcharse para retomar la discusión este martes, que los bancos asumieran el tributo sin carácter retroactivo.
Ahora, el lío generado por el fallo del Supremo provoca que los españoles se sientan desprotegidos y enfadados. Algo que, sin duda, tiene un beneficiario claro: el discurso demagógico de Podemos. El secretario general de los comunistas bolivarianos, Pablo Iglesias, ya ha convocado un escrache contra el Tribunal Supremo de cara al próximo sábado.
Apelando a la «rabia» y a las bajas pasiones, Iglesias pretende sacar rédito de un decisión cuestionable, pero que en ningún caso debe suponer una táctica de acoso y derribo contra un organismo tan importante para nuestro Estado de Derecho. A pesar de la excesiva demora en tomar una decisión y de la consiguiente incertidumbre, los magistrados del Supremo han tratado de actuar del modo más ponderado posible, ya que este particular afecta tanto al sistema económico como al social.
Desde que la Sala de lo Contencioso-Administrativo contradijera la sentencia de la Sala Civil y señalara a las entidades bancarias como pagadores de los gravámenes, la Bolsa cayó más de 5.300 millones de euros en una sola jornada para después repuntar cuando se anunció la convocatoria del Pleno que ha dado como resultado la decisión de este martes.
Si España tuviera un Gobierno a la altura de las circunstancias, el Ministerio de Hacienda eliminaría el impuesto de actos jurídicos documentados por el bien de los españoles.
Como no es el caso, los podemitas emprenderán una campaña que, en ningún caso, puede propiciar el hostigamiento contra la cúspide del Poder Judicial español. Hay que tener la suficiente altura de miras para saber que, por mucho que esta decisión pueda resultar cuestionable, aunque técnicamente no lo sea, atacar al Supremo es atacar a los mismísimos cimientos del país. Podemos tratará de sacar provecho del enfado general. En vez de proponer alternativas, la destrucción es su manera de estar en política.
