Extremadura necesita con premura un justo aumento de la inversión que mejore la precaria red ferroviaria extremeña.
Este mismo 14 de enero de 2019, un tren de Renfe que cubría la línea de Madrid a Zafra ha descarrilado a la altura de Torrijos (Toledo), aunque, afortunadamente, no se han tenido que lamentar heridos.
Se trata del segundo incidente en sólo dos semanas que atañe a la empresa pública, el último percance dejó a 160 pasajeros atrapados en medio de la nada a la altura de Navalmoral de la Mata (Cáceres) el 1 de enero de 2019, unos hechos que dejan en evidencia la nefasta gestión del Ministerio de Fomento liderado por José Luís Ábalos.
De hecho, el Gobierno sólo ha ejecutado el 54,5% de los gastos de inversión a cuenta de 2018. El ministro trató de acallar las quejas prometiendo una licitación de 375 millones de euros para las líneas convencionales y Alta Velocidad en el primer semestre de 2019, pero al ver la conformación de los Presupuestos de Pedro Sánchez la sorpresa ha sido mayúscula para los extremeños y deja claro para quien gobiernan los socialistas.
LOS Presupuestos Generales del Estado que presentó este 14 de enero de 2019 en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tan solo se sostienen sobre el papel, ya que se basan en unas previsiones de ingresos infladas de forma artificial.
Lo peor de todo es que, en caso de aprobarse, España volverá a caer en la perjudicial senda de déficit y deuda que condujo al país al borde de la quiebra hace apenas siete años, revirtiendo así buena parte de los avances cosechados durante la recuperación económica.
Las cuentas de Pedro Sánchez van justo en la dirección contraria de lo que necesita la economía nacional. En primer lugar, porque el gasto público crece a un ritmo inédito desde 2009 y 2010, cuando Rodríguez Zapatero puso en marcha su fracasado Plan E bajo la vana ilusión de combatir la recesión.
En concreto, el presupuesto consolidado incluye un gasto no financiero de 345.000 millones de euros, un 5,3 por ciento más en comparación con el ejercicio anterior, equivalente a unos 17.000 millones extra.
El PSOE deja atrás la prudencia presupuestaria y recupera la vía del despilfarro con el único fin de recabar votos y apoyos para mantenerse en el poder. El mayor problema, en segundo término, es que este sustancial incremento del gasto se sustenta sobre una recaudación irreal.
Según el proyecto, los ingresos consolidados rozarán los 325.000 millones de euros en 2019, tras subir casi un 8 por ciento interanual, unos 24.000 millones extra. Habría que retroceder a la época de la burbuja crediticia, en términos absolutos, o a la histórica subida fiscal de 2012, en porcentaje del PIB, para encontrar un incremento semejante y, dado el actual contexto de desaceleración económica, tales cifras no resultan creíbles.
Como resultado, España corre el grave peligro de incumplir el objetivo de déficit del 1,3 por ciento del PIB comprometido con Bruselas, lo cual, además de socavar la confianza de los inversores, se traducirá en más deuda pública y en una menor solvencia estatal. Y ello sin contar que el agujero de la Seguridad Social volverá a rondar, como mínimo, los 19.000 millones de euros, manteniéndose en niveles récord.
Si a estos dislates se suma la elevada factura que está dispuesto a pagar Sánchez para lograr la aprobación de sus cuentas, el error es, sin duda, mayúsculo. Las fuertes subidas fiscales que incluye el texto tras el acuerdo con Podemos, y que van desde el impuesto de Sociedades y el IRPF al alza del diésel, lastrarán el crecimiento y la creación de empleo.
Además, y como si el golpismo tuviera premio, el Gobierno dispara un 66 por ciento la inversión destinada a Cataluña para tratar de «comprar» el voto de los partidos separatistas, hasta superar los 2.250 millones, siendo la región que recibe más fondos, lo cual resulta injusto y desleal. Sánchez retoma, en definitiva, la ruinosa receta del derroche presupuestario y la irresponsabilidad fiscal.
