UBER y Cabify dejarán este 1 de febrero de 2019 de prestar sus servicios en Barcelona. Ambas empresas han tomado esta decisión después de que apareciera publicado el decreto del Gobierno catalán que impone una limitación de quince minutos para la contratación del vehículo.
Se trata de un tiempo mínimo de espera que los ayuntamientos pueden ampliar. Con toda razón, Uber y Cabify han considerado que esta medida hace imposible mantener su oferta de servicios de transporte y los 3.000 empleos que garantizaban. El coste social para los trabajadores es injustificable.
Tampoco lo es el coste político, porque se ha llegado a esta situación por el uso de la violencia y la coacción por parte de algunos sectores del taxi.
La vuelta al monopolio del taxi no se ha producido por una demanda social, sino por un chantaje que la administración catalana ha aceptado y al que no debe ceder el Gobierno de Madrid. En pleno siglo XXI, la economía de servicios está instalada en la libre competencia.
La regulación administrativa no debe estar al servicio de gremialismos arcaicos, sino de la protección del ciudadano. El taxi se ha enfrentado a la evolución de la sociedad y, aunque en Barcelona haya ganado la batalla de los VTC, ha perdido la guerra de la imagen y el prestigio. Por eso volverá a haber ofertas parecidas a las de Uber y Cabify.
Las reivindicaciones del taxi tenían algunos fundamentos legítimos. Con flexibilidad y realismo debería haberse llegado a un acuerdo. No se puede poner puertas al campo. Empresas y profesionales liberales han tenido que acostumbrarse a nuevos y más altos niveles de liberalización de sus prestaciones.
La digitalización y la apertura de fronteras han transformado radicalmente la sociedad de servicios. Que una administración pública como la Generalitat de Cataluña premie el gremialismo es un golpe a la libertad de empresa. A la libertad, a secas.
