A través de un estrafalario e irresponsable auto, la Justicia ha dejado en suspenso el ejercicio de la caza en Castilla y León.
El Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad estima la medida cautelar solicitada por el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma), consistente en suspender la aplicación del Decreto 10/2018 de 26 de abril por el que se modifica el Decreto 32/2015 de 30 de abril, que regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.
Es importante destacar que lo que se acuerda es su suspensión cautelar, no la declaración de nulidad del mismo, que solicitaba el Pacma, y sobre todo hay que tener en cuenta que contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días.
No es seguro que afecte a la Orden Anual de Vedas de la comunidad, en la que se establecen los periodos de caza y especies cazables para la temporada 2018/2019, pero al haber sido recurrida la indicada orden por el partido Pacma ya han solicitado que también se suspenda su aplicación, en cuyo caso al no haber Orden Anual de Vedas en vigor la caza quedaría suspendida.
La medida cautelar es realmente sorprendente, ya que se admite sin exigir fianza al Pacma y sin que se justifiquen los supuestos perjuicios irreparables que produciría no admitir la medida cautelar, pero sobre todo considera de forma irracional que el bien jurídico protegido es la conservación de las especies, sin tener en cuenta que si se deja de cazar se producirán perjuicios irreparables a los ecosistemas y a la fauna protegida (por ejemplo, un exceso de jabalíes puede provocar que se coman todos los huevos y pollos de aves que nidifican en el suelo, o que los conejos, cabras, corzos y ciervos destruyan la flora protegida), y también daños por siniestralidad viaria, impacto económico para los titulares cinegéticos y la hostelería castellano y leonesa, en la agricultura y la sanidad animal, y perjuicios a la Hacienda pública, tal y como indicó uno de los magistrados en su voto particular.
Contra este despropósito, las Cortes de Castilla y León van a aprobar con apoyo del PP, PSOE, Cs y UPL una proposición de ley con la que pretenden proteger con rango de Ley la posibilidad de que la relación de especies cazables pueda ser modificada por decreto de la Junta. Al fin hay un amplio consenso en favor de la caza y en contra del animalismo irracional.
