Se supone que políticos y periodistas creemos en el Estado de Derecho, como se supone el valor de los soldados, pero lo cierto es que lo demostramos cada vez menos
Garzón está o ha estado en todas las salsas político-judiciales de la actualidad: la detención de dos piratas somalíes con su derivada sobre la minoría de edad de uno de ellos, la instrucción inicial del caso Gürtel y la supuesta violación del derecho de defensa en relación con las intervenciones telefónicas imputado-defensor.
Por no ir a su historial, tan ligado a la bancarrota socialista (corrupción y guerra sucia en el PSOE) a mediados de los años noventa y sólo minuto y medio después de haber ocupado un cargo en el Gobierno de Felipe González.
Y ahora, la posibilidad de que el Tribunal Supremo le abra una vista oral por prevaricación (Garzón contra el franquismo). Ha pasado por esto en otras ocasiones. Pero ahora la hipótesis va ganando terreno, según dicen en ambientes judiciales.
El hecho de que el magistrado Luciano Varela haya ordenado la práctica de numerosas diligencias se interpreta como la detección de indicios relevantes respecto a una supuesta actitud prevaricadora de un juez estrella que puede estrellarse en breve.
Dicho sea como prueba de que las presuntas intenciones políticas del juez Garzón, o de cualquier otro, incluso hasta rozar los comportamientos prevaricadores, también están sometidas al Estado de Derecho y al principio de legalidad.
Aplíquense el cuento los partidos políticos que especulan con las actuaciones de este u otro juez. No solo los partidos políticos.
También los medios de comunicación, y determinados periodistas, que han contribuido a que el virus se instale definitivamente en nuestro querido ruedo ibérico.
Si se trata de asuntos judiciales es muy raro que la iluminación del análisis, o la interpretación, se haga bajo la única luz del principio de legalidad.
La asignación de intenciones políticas, por parte de los analistas o los intérpretes del asunto que toque, siempre se impone sobre cualquier otra consideración.
Se supone que políticos y periodistas creemos en el Estado de Derecho. Se supone, como el valor de los soldados. Pero lo cierto es que lo demostramos cada vez menos.
El ejemplo más fresco lo tenemos en la detención, ordenada por el juez Garzón, de los dos piratas somalíes para ser juzgados en España.
Véase cómo el debate gira en torno al principio de oportunidad, con mayoritarios reproches al juez por haber creado innecesariamente un problema mientras se considera prioritaria la liberación de los 36 rehenes (16 españoles) del barco español apresado por los piratas somalíes.
Hay quien sugiere descaradamente que el Gobierno decida tal o cual cosa sobre los dos piratas traídos a España, en flagrante olvido del principio de separación de poderes.
Es la prueba más cercana de que hablar en España de lo político y lo judicial empieza a ser una redundancia.
Pero deberíamos saber que la confusión de las dos esferas desorienta a los ciudadanos y, rebaja la calidad de la democracia.
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