Hasta el último pirata zarrapastroso puede ponernos de rodillas

La batalla del Alakrana está perdida. No hay misterio: cuando un Estado renuncia al ejercicio de la fuerza para defender su potestad, es que está ya por completo muerto y sólo queda esperar el desagradable espectáculo de su podredumbre. Sería menos trágico, si los Estados se agusanaran ellos solos.

Pero esa gangrena suya acaba -recuerda Gabriel Albiac en un artículo titulado «De derrota en derrota en ABC- siempre por pagarse con la vida de los otros: de los pobres, incautos ciudadanos, presos en las fatales redes que todo Estado despliega. No pagan con su vida los políticos. Nunca. Los desbarres del Estado se pagan siempre con sangre inocente.

No hay sorpresa. Cuando un ministro del ejército proclama -lo hizo con asombrosa petulancia el primero de los de Zapatero- su disposición a ser matado antes que matar, todos sabíamos, sin un asomo de duda, lo que estaba diciendo: que prefería que nos matasen a nosotros antes que asumir el coste moral que va incluido en el cargo por el cual él cobraba.

Un ciudadano pacifista es un ciudadano éticamente impecable: tanto cuanto el que no lo es. Un ministro de la guerra pacifista es un perfecto canalla, un tahúr de sangre ajena. Desde que el pacifista José Luis Rodríguez Zapatero llegó por sorpresa al poder tras aquel 11 de marzo de hace casi seis años, España no ha tenido más que ministros pacifistas de la guerra.

Ninguno ha muerto, que yo sepa, en el altar de sus humanitarias convicciones. Murieron, eso sí, soldados a los cuales se había privado del privilegio primordial que define el oficio: el uso profesional de las armas. Murieron, sin que ni siquiera les cupiera el honor -que es base de la condición castrense- de morir en combate.

¿Cómo iban a morir como soldados, si estaban sólo en misiones de paz humanitarias? Ahora son indefensos pescadores los que pagan el precio de un país que ha trocado a su ejército en ONG uniformada. Tampoco esta vez morirá ningún ministro. Pacifista. De la guerra.

Da asco toda esta farsa. Con vidas de abandonados ciudadanos de por medio. Hablemos claro. Por más que hablar claro nos avergüence. Cuando un ejército no está dispuesto -o autorizado- a hacer uso de sus armas, es mejor que se rinda y se disuelva. La ambigüedad militar sólo puede acumular muerte.
En lo de la piratería en Somalia, Francia -que sí tiene un ejército sin vocación misionera- fijó el único canon, el de siempre desde que la piratería existe: perseguir a los navíos corsarios hasta sus últimos refugios, atacarlos, hundirlos.

Todos los dispositivos, estratégicos y tácticos, con los cuales cuenta una fuerza armada deben ser puestos al servicio de eso. Y, si es preciso entregar un rescate para quitar de la línea de fuego a los civiles, se entrega. E inmediatamente después se procede a lo irrenunciable: la cacería, a cualquier coste, de los delincuentes.

Pero, de no aceptar el precio material y moral que esa apuesta necesariamente implica -y esa es la humillada realidad española hoy-, sólo quedan dos opciones: a) pagar el impuesto revolucionario que los «hermanos de la costa» juzguen justo embolsarse para ser benévolos con nuestros barcos; b) abandonar esa zona de pesca para siempre.

En los primeros momentos del secuestro del Alakrana, una acción fulminante de comandos hubiera podido liberar a los secuestrados y escarmentar a futuros secuestradores. No se hizo. Ya no es posible.

Los piratas han humillado a la Armada española. Han humillado al gobierno de España. Y nos han puesto a todos ante el espejo: no somos nadie; hasta el último zarrapastroso con un viejo kalashnikov en bandolera puede ponernos de rodillas. No hay ninguna sorpresa: es la herencia corruptora de aquel 11 de marzo.