El problema es la incongruencia de la propia Iglesia que no amenazó de la misma manera cuando se votó la Ley en vigor hace ya tiempo
Un par de declaraciones han hecho reaccionar -incluso airadamente- a muchos queridos compañeros y compañeras: la exigencia del presidente ZP para que los medios se corten un poco a la hora de informar sobre ciertos asuntos y el anuncio de la Conferencia Episcopal de que los diputados que voten a favor de la reforma de la ley del aborto, estarán fuera de la iglesia, excomulgados.
Me temo que voy a ir hoy un poco a contracorriente.
La exigencia de ZP no la veo en absoluto desatinada salvo por las formas: eso de ponerse tan serio y como regañando, resulta un poco infantil, pero ZP es así. ¿Le falta razón? Yo creo que no, y deducir de sus palabras que el presidente pretende amordazar a los medios, es mucho deducir.
Naturalmente que nuestra obligación es informar, es nuestra razón de ser y un derecho que compartimos con la sociedad, que es el viejo derecho, tantas veces conculcado y tantas veces manipulado, a la información.
Pero admitida esta premisa fundamental, existe también la responsabilidad en determinados temas que pueden afectar a terceros.
El caso Alakrana no sé si es el mejor ejemplo, pero la realidad es que la vida de más de treinta personas que nada tienen que ver ni con la política ni con los medios, está ahora mismo en juego y pendiente de unas negociaciones de las que sabemos poco.
¿No es lógico y responsable tocar lo justo ese tema y dejar las polémicas para cuando esta tragedia esté solucionada?
Yo diría que sí y no me escandalizo de que ahora las familias de los secuestrados decidan guardar silencio y se pida a los medios una cierta discreción en tanto continúen las negociaciones.
Ya habrá tiempo después para exigir responsabilidades y polemizar sobre cómo se hicieron las cosas.
Lo de la amenaza de excomunión de la Conferencia Episcopal resulta más complicado porque, por una vez, la Iglesia no se mete en política sino avisa sobre algo que le es propio y que sólo puede afectar a aquellos que se sientan y se consideren católicos.
Lo que la Iglesia ha dicho es que los diputados que públicamente voten la reforma de la ley del aborto, quedarán apartados, técnicamente: excomulgados.
Lo ha dicho la Iglesia Oficial y frente a este anuncio cada uno hará lo que le parezca. ¿Es esto una ingerencia en la vida política? Evidentemente, no.
La Iglesia dice lo que piensa y el que quiera pertenecer a ese «club» (es solo una metáfora respetuosa) ya sabe que tiene que cumplir sus estatutos.
Otra cosa es que le quiten oficialmente el carnet de socio pero a título personal el «ex» que sea se siga considerando miembro del club.
Eso ya pertenece a la conciencia de cada uno, pero oficialmente, insisto, esto es lo que hay y se acepta o no.
El problema es la incongruencia de la propia Iglesia que -a no ser que yo lo haya olvidado- no amenazó de la misma manera cuando se votó la Ley en vigor hace ya tiempo. Es posible que sí, pero al menos yo no lo recuerdo.
Y otra cosa aun más polémica: si toda la fuerza de la Iglesia para condenar el aborto y hasta la píldora del día de después, se basa en que un óvulo fecundado es ya un ser humano, ¿por qué sigue prohibiendo -oficialmente- el preservativo o la clásica píldora diaria? Y lo peor es que luego en los confesionarios (¿por qué siguen existiendo los confesionarios?) el cura de turno te dice que no hay ningún problema ni con el preservativo ni con la píldora.
Este doble juego es el que no vale, el que invalida o cuestiona lo que luego pueda decir la Conferencia Episcopal. Pero ese es el problema de la Iglesia y no soy yo precisamente el más indicado para resolverlo.
