Hay algunas cosas que no son verdad aunque se repitan tanto que algunos acaben creyéndoselas. Una mentira repetida es siempre una mentira.
No es verdad que al juez titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional le vayan a juzgar o inhabilitar -eso no es seguro- por querer investigar los crímenes del franquismo. No es verdad. Se le acusa, y se defenderá con todas las garantías, por prevaricación (dictar una resolución a sabiendas de que era injusta); por no abstenerse al rechazar una querella contra un banco que le financió sus conferencias en Estados Unidos; y por ordenar la intervención de comunicaciones a abogados con sus clientes, violando el secreto profesional y de las comunicaciones y poniendo en peligro el derecho de defensa consagrado en la Constitución, como ha sentenciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
No es verdad que sean los herederos del franquismo o los ultraderechistas quienes le persiguen. Pero aunque así fuera, la grandeza de la democracia es que todos los ciudadanos pueden ejercer sus derechos, todos sus derechos, de acuerdo con las leyes. Incluso quien esté condenado y encarcelado por cualquier delito, ha perdido la libertad pero no otros derechos.
No es verdad que los jueces que han tomado esas decisiones, todo lo contrario en algún caso, tengan nada que ver con la justicia franquista o sientan predisposición contraria al posible inhabilitado.
No es verdad que haya una conspiración contra nadie ni que nadie, por muy juez que sea, esté al margen de la ley. Especialmente deben ser respetuosos con la ley los que están encargados de instruir, juzgar y condenar. El mejor currículo de cualquier juez no puede amparar ni hacer olvidar presuntos delitos.
El disparate judicial que está viviendo España y que pone contra las cuerdas al propio Estado de Derecho, puede provocar un daño terrible a las instituciones y a la sociedad. El hecho de que altos cargos de la Administración pública o de los sindicatos -al margen de otros colectivos- descalifiquen con sus palabras o con sus actos a los más altos tribunales españoles y al Poder Judicial en su conjunto y presionen sobre él, es un claro ataque a la independencia judicial, como lo es el silencio del Gobierno. El hecho de que algunos medios de comunicación se hayan puesto a la cabeza de la campaña, es un flaco favor a la verdad y a la libertad de información.
La utilización política de las instituciones no es, lamentablemente, una novedad, pero está alcanzando cotas difícilmente imaginables. Sólo la cordura y el sentido común de los más altos responsables del Gobierno, de la oposición y de las instituciones en cuestión pueden ayudar a paliar un daño que puede ser mucho más grave de lo que puede parecer. Por el bien de todos.