La última iniciativa de las fuerzas políticas mayoritarias en el «Parlament de Catalunya» para repudiar al Tribunal Constitucional es una maniobra de alcance político inquietante.
Hablo de repercusiones políticas porque en términos jurídicos, el recorrido es nulo. Como institución y en el uso de sus funciones, el TC es un órgano independiente amparado por la Constitución de la que es su último garante e interprete.
Así las cosas la recusación o repudio que viene de Barcelona no pasaría de ser una maniobra política. Una más por parte de quienes incluso antes de conocer el signo de la sentencia sobre los recursos presentados contra el «Estatut», han decidido ponerse en lo peor intentando deslegitimar al árbitro.
Lo malo es que para hacerlo invocan un supuesto mandato del «pueblo catalán». El equívoco no es casual. Es intencionado.
El último Estatuto de Cataluña fue sometido a referéndum y fue aprobado, pero dicha aprobación ni sancionaba su constitucionalidad ni, por supuesto, anulaba la capacidad y jurisdiccíón del Tribunal Constitucional para , ante un eventual recurso, poder sentenciar acerca de su naturaleza acorde o ajena a la Carta Magna.
¿Por qué digo que el problema creado es de naturaleza política? Pues porque quienes recusan (Montilla, Mas, Saura etc) saben perfectamente que la raíz de un Estado de derecho (como es España) está basada en la separación de poderes.
Y en ésa estructura el TC es piedra de bóveda. Intentar removerlo es poner en riesgo todo el sistema constitucional que fue aprobado, también en referéndum, por todos los españoles. Catalanes incluidos.
Aunque estén ya en campaña electoral, los Montilla (¡ex ministro del Gobierno de España¡), Mas, Saura y compañía, deberían reflexionar sobre las repercusiones de semejante desafío.
También falta una palabra de Rodríguez Zapatero sobre éste asunto…a fin de cuentas es el presidente del Gobierno de España. No estaría de más que recordara que los tribunales a la carta son ajenos a la esencia del sistema democrático.
