Después del sexto gatillazo, tal vez el mal menor sería que ni siquiera se intentase por séptima vez antes de las elecciones catalanas previstas para el otoño
Asunto envenenado donde los haya. Y no de ahora sino desde el origen. El origen es la carrera de nacionalismo disputada entre Pascual Maragall y Artur Mas cuando, después de quedar descolgada CiU de su alianza 1996-2000 con Aznar (PP), el PSC ganó las elecciones autonómicas del 2003 alzando la bandera de la reforma del Estatut.
Con el descarado empujón de Zapatero, que un año después llegaba a la Moncloa dispuesto a convertir dicha reforma en una de sus dos obras predilectas. La otra era acabar con ETA por las buenas.
Bueno, pues ni en lo uno ni en lo otro le salieron bien las cosas. Lo de ETA, mejor no menearlo. Y lo del Estatut, atascado en el Tribunal Constitucional, va camino de convertirse en la gran chapuza del zapaterismo.
Se mire por donde se mire, ya no hay salidas airosas al laberinto creado por un Tribunal maltrecho e incapaz de decidir si el Estatut se ajusta o no a la Constitución, total o parcialmente.
Cuatro años después de ser aprobado en referéndum por los catalanes e inmediatamente puesto en cuestión por el PP (y cinco recurrentes más), sigue empantanado. Nada menos que seis borradores de sentencia han recibido el rechazo de sucesivas y distintas mayorías de magistrados a lo largo de estos cuatro años.
El último borrador fue el de un conservador, Guillermo Jiménez, vicepresidente del Tribunal, esta misma semana. Y vamos a por el séptimo, del que será ponente una progresista, la propia presidenta, Maria Emilia Casas.
Casas es una de los cuatro magistrados cuyo mandato se agotó hace más de dos años.
Además hay otro recusado que no puede intervenir en las deliberaciones y uno más fallecido. Por no hablar de los enfrentamientos personales entre los diez restantes, los que siguen intentando emitir sentencia sobre la constitucionalidad del Estatut.
Después del sexto gatillazo, tal vez el mal menor sería que ni siquiera se intentase por séptima vez antes de las elecciones catalanas previstas para el otoño. Con sentencia o sin sentencia, el asunto va a marcar inexorablemente la campaña.
Cierto, pero sin sentencia se minimiza el daño al quedar la campaña despojada de un debate de mayor fondo institucional, pues las fuerzas políticas contendientes se verían obligadas a pronunciarse sobre el frenazo que, al menos parcialmente, ya es seguro que le aplicará el Tribunal al Estatuto de Autonomía.
Se entiende que ni los nacionalistas de Mas ni los socialistas de Montilla quieran sentencia antes de los comicios del otoño.
Su vocación de centralidad en la política catalana les perjudicaría al verse obligados a competir en aspavientos para quejarse del agravio a Cataluña que va a suponer la sentencia, aún en su hipótesis más progresista.
En cambio saldría beneficiada ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), que no tiene inconveniente, sino todo lo contrario, en aprovechar la coyuntura para airear su credo independentista.
