El bloqueo socialista a López ha producido que cuatro magistrados del TC permanezcan tres años más en sus puestos
Los partidos políticos, de manera cíclica, eligen a un personaje público y lo convierten en el pim pam pum de sus frustraciones e impotencias. Parece una constante freudiana.
Es lo que está sucediendo con el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López López, a quien el PP, desde hace tiempo, decidió colocar en el Tribunal Constitucional.
La oposición frontal del PSOE -se ha convertido en una obsesión- provocó hace unos días que el Senado rechazara su candidatura alegando que no reunía los 15 años de antigüedad en la carrera judicial, al no contabilizarle su etapa en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Pero López, como él reivindica, ingresó en la carrera judicial hace 21 años y el CGPJ no puede desligarse de ese ámbito.
Muy distinto sería si hubiera disfrutado de una excedencia para dar cursos fuera de España o de un paréntesis para ser candidato político.
¿Cuántos años de ejercicio y diplomas reúne la portavoz socialista Leire Pajín para ser senadora?
Si pertenecer al máximo órgano de los jueces va a servir para estigmatizar a sus miembros e imposibilitarles su ascenso en la carrera judicial, al final el Poder Judicial se va a nutrir sólo de personajes como el abogado Gómez Benítez, que estuvo en Oslo negociando con la cúpula de ETA y ahí lo tienen.
Él no necesitará 15 años de juez para ser en un futuro miembro del Tribunal Constitucional. Tampoco Eugeni Gay, que llegó al TC desde su poltrona de letrado.
El PSOE censura a López por su proximidad al PP, pero, a estas altura del partido, ese planteamiento es toda una boutade. Ya me dirán ustedes cómo han llegado otros magistrados al Constitucional.
Al margen de sus méritos profesionales, siempre ha sido determinante su proximidad a un partido político.
El propio sistema que marca la Constitución para su elección ya contamina de raíz su nombramiento. De los 12 magistrados que lo conforman, cuatro son elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado.
Los del Senado son propuestos por las comunidades autónomas. Dos por el Gobierno y dos por el CGPJ. Es decir, la razón de la mayoría política, aunque se necesiten 3/5 de ambas cámaras y del CGPJ. Y nadie puede negar que la elección les marca.
Hace unos años, un lector preguntó a López en un chat cómo «se comía» que hubiera jueces conservadores y jueces progresistas.
El magistrado le contestó:
«Los jueces cuando ejercen jurisdicción lo hacen sometidos solamente a la Ley. Y por ello no son ni conservadores ni progresistas. Son, sencillamente, jueces. Cuestión diferente es que en el seno del CGPJ, donde se hace política judicial, se haga desde dignas posturas ideológicas. Como órgano político se hace política judicial porque así lo determinó el Parlamento, en su diseño, en el año 1985. Es decir, nuestros representantes decidieron que esto funcionara como lo hace».
Y ésa sería la respuesta del millón si la realidad no desvirtuara el argumento.
Para desgracia de los españoles, la aritmética judicial funciona en todos los órganos judiciales. Y el Tribunal Constitucional, desgraciadamente, funciona como el CGPJ. Basta ver el desparrame sobre el Estatut catalán. ¿Y quién tiene la culpa de ese régimen contaminado?
¿Enrique López? Se trata de una gangrena del sistema que supera al propio magistrado, por lo que no tiene ningún sentido que sea él la piñata de la fiesta en la que se reparten todos los mamporrazos. Y, si no, que extirpen la metástasis proponiendo un nuevo sistema de votación.
¿Qué independientes?
Ya dirán ustedes qué tenían de independientes Luis López Guerra (número tres en la lista de Simancas a la Comunidad de Madrid y secretario de Estado de Justicia con Juan Fernando López Aguilar), Elisa Pérez Vera (presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, nombrada por Chaves), Jesús Leguina Villa (esposo de María Emilia Casas, siempre en cargos digitales del PSOE), Eugeni Gay, Pérez Tremps… y, así, una larga lista de magistrados promovidos y designados por otros grupos políticos.
El bloqueo socialista a López ha producido que cuatro magistrados del TC permanezcan tres años más en sus puestos, fuera de plazo, sin poder ser renovados, mientras el Estatut lleva más de cuatro años pudriéndose en el búnker circular de la calle Doménico Scarlati de Madrid, la actual sede del Tribunal.
El trato que está recibiendo Enrique López recuerda la polémica que se suscitó cuando la Comunidad de Madrid apostó por su vicepresidente para que presidiera Caja Madrid.
Las presiones políticas propiciaron que Rajoy se decantara por Rato, cuando en el resto de las comunidades autónomas son sus órganos de gobierno quienes catapultan a los presidentes de las cajas.
Ignacio González tenía el mismo derecho a aspirar a la presidencia de la entidad financiera madrileña, como antes lo tuvieron otros de la mano de presidentes autonómicos como Maragall, Chaves, Bono o Camps.
Groucho Marx decía aquello de que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer diagnósticos falsos y aplicar un remedio equivocado.
A ver cuándo cambiamos. España se lo merece.
NOTA.- este artículo se publicó originalmente en La Gaceta.