Aunque todavía no se ha divulgado la sentencia del Tribunal Constitucional con los argumentos que explicarán los recortes que ha sufrido el texto aprobado por el Parlament y por las Cortes españolas, y «recusado» o recurrido por el PP, por el Defensor del Pueblo Múgica y alguna otra institución, lo cierto es que cada cual tiene ya su propio criterio sobre lo que ha sucedido con ese texto tan largamente considerado por los magistrados, y con su futuro.
Los distintos dirigentes políticos han abundado en esa clase de argumentaciones, empezando por la que expresa, en un artículo que firma en La Vanguardia, el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, que probablemente pretende eliminar la mala interpretación que dio a sus palabras anteriores, sobre un «presunto fin del proceso de la autonomía catalana», el líder de CiU, Artur Mas. Para Zapatero, como ha dicho estos días con reiteración, está claro que «el Estatut no rompía España, sino que profundizaba en el modelo autonómico.
Y la sentencia que ha enjuiciado su constitucionalidad, lejos de frenar este avance, lo consolida». Según Zapatero, el Estatut ha sido objeto de muchas interpretaciones desde que fue aprobado por los ciudadanos catalanes; y la sentencia lo está siendo desde el pasado lunes. Dice el presidente que a la espera de conocer su fundamentación, quisiera poner de manifiesto algunas conclusiones que, en su opinión, se derivan ya del fallo hecho público y de la propia vigencia del Estatut. Y llega seguidamente a la conclusión de que tras la sentencia del Tribunal, Catalunya cuenta con «el más alto grado de autogobierno que jamás haya conocido.
El tribunal ha considerado plenamente constitucionales las atribuciones competenciales, de participación y financieras, que el Estatut incluía tras su aprobación por las Cortes Generales». Añade que la Generalitat tiene hoy todas las competencias que los ciudadanos catalanes quisieron reconocerle hace cuatro años: las que tenía sobre educación, sanidad, instituciones o el sistema financiero en Catalunya; y las nuevas sobre autorizaciones de trabajo a inmigrantes, nuevas tecnologías, inspección de trabajo o transporte de cercanías, ya objeto de traspaso; las facultades de participación en las instituciones europeas o las de intervención en las decisiones estatales sobre diversos aspectos previstos en el Estatut.
Hoy, tras la sentencia del tribunal, -añade Zapatero- Catalunya cuenta con el sistema de financiación que mayores capacidades le ha reconocido en su historia. El que se ajusta a los principios del Estatut y el que las instituciones catalanas consideraron justo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tras la sentencia del tribunal, sigue sosteniendo Zapatero, los ciudadanos catalanes cuentan con todos los derechos que quisieron ver proclamados y reconocidos en el Estatut y que habilitan a las instituciones catalanas a regular, por ejemplo, el derecho a una renta mínima de ciudadanía, a la vivienda digna o a vivir con dignidad el proceso de la muerte.
También los derechos lingüísticos; los catalanes ven cómo su Estatut incluye, en los mismos términos que cuando se aprobó, el reconocimiento de sus elementos identitarios y símbolos nacionales. También repara el presidente en los recortes sufridos por el texto: el Estatut pierde sus referencias al obligatorio carácter preferente del uso de la lengua catalana, al Consell de Justicia de Catalunya, a algunos condicionamientos de las normas básicas estatales, a la exclusividad de las competencias del Síndic de Greuges, al carácter vinculante para el Parlament de Catalunya de las resoluciones del Consell de Garanties Estatutàries, al esfuerzo fiscal comparable y a las competencias de la Generalitat sobre tributos locales.
Por tanto, las declaraciones de inconstitucionalidad se contraen al Consejo de Justicia y a seis aspectos concretos más, entre las más de trescientas cuestiones impugnadas. Además, pudiera ser que en alguno de esos limitados casos, el tribunal no objetase tanto el fondo de la regulación como su inclusión formal en una norma estatutaria. En tal hipótesis, no se impediría que esa regulación se aborde por el cauce constitucionalmente procedente.
Hasta aquí, dice Zapatero, lo que, a mi juicio, se desprende del fallo del Tribunal Constitucional, «pero me importa más añadir, como presidente del Gobierno, una doble valoración general sobre lo que supone el proceso de reforma estatutaria que aquel ha venido a convalidar, como consecuencia de la respuesta que ha tenido que dar al recurso que globalmente lo ponía en cuestión. Después de la entrada en vigor del Estatut de Sau, la aspiración de reformar y actualizar la voluntad estatutaria era muy mayoritariamente asumida por las fuerzas políticas y los ciudadanos de Catalunya.
De hecho, cuando el partido socialista vence en las elecciones generales de aquel año, el proceso de reforma ya se había iniciado. A partir de mi arraigada convicción -la misma hoy que entonces- tanto de la fuerte identidad política de Catalunya como de la capacidad de nuestro sistema constitucional para reconocerla, y, en general, de la condición de las comunidades autónomas como actores políticos e institucionales muy relevantes de nuestra democracia, me comprometí a coadyuvar al buen fin de esa decidida voluntad de reforma.
En su explicación, concluye Zapatero que «hemos completado el proceso. El Estatut era ya norma vigente, pero ahora además, tanto en lo que respecta a la gran mayoría de sus preceptos no afectados por una declaración de inconstitucionalidad o de interpretación conforme, como a los que sí lo han sido, no pende sobre él la incertidumbre, para su aplicación y desarrollo futuros, que derivaba de un recurso -que lo cuestionaba desde su misma raíz- pendiente de resolución. Y de ahí mi satisfacción. Mi doble satisfacción: por el esfuerzo realizado para dar cauce a la voluntad de reforma, y por haber ésta prosperado en sus objetivos esenciales al amparo del marco constitucional.
Y soy muy consciente de las dificultades de todo tipo que ha habido que sortear, así como de que habrá de transcurrir algún tiempo hasta que cicatricen algunos de los rasguños que la controversia política, demasiado acre en ocasiones, ha abierto entre nosotros».
Extrae el presidente una segunda «consecuencia de la anterior»: El acatamiento de la sentencia conduce a reconocer, por todos, y con mayor intensidad si cabe, la capacidad de innovación normativa del Estatut, su íntegra aplicación y las posibilidades de su desarrollo. El Gobierno de España ha contribuido desde su entrada en vigor a esa aplicación y a ese desarrollo. Ahora se abre un escenario más seguro, un horizonte de posibilidades a explorar, un camino que recorrer.
Como siempre, pueden surgir discrepancias concretas o visiones parcialmente distintas sobre las mismas, que nos induzcan a discutir y a negociar. Forma parte de la fisiología -que no de la patología- del sistema. Por todo ello, ésta es una buena ocasión para mirar con normalidad al futuro, al futuro de España y al de Catalunya.
Un futuro conjunto de convivencia natural basado en el compromiso con la España constitucional, con la España democrática, de la que la identidad política de Catalunya forma parte irrenunciable». Posiblemente Durán y CiU amainarán ahora sus críticas al presidente del Gobierno por haber mostrado su satisfacción ante el fallo del TC.
