El PP llevará este miércoles al Pleno del Congreso sus críticas al Gobierno por haber reaccionado, desde su punto de vista, sin «firmeza» ni «determinación» ante las informaciones de que miembros de ETA son «amparados y cobijados» por países como Venezuela e intentará, una semana después, que la Cámara Baja censure toda la política internacional del Ejecutivo por haber fracasado en la «defensa de los intereses de España».
Los ‘populares’ plantearán el asunto a través de una interpelación en la que también reprocharán al Gobierno su actuación tras los «últimos encontronazos» con Gibraltar, Marruecos o Bolivia y su empeño en emplear su «capital diplomático y político» en «tratar de doblegar la voluntad de Unión Europea de fomentar una transición democrática en Cuba y apoyar de verdad a los disidentes y represaliados» por el régimen castrista.
El primer partido de la oposición considera que en los últimos meses se han producido una serie de incidentes relacionados con la política exterior «en los que por inacción, incompetencia o inseguridad» el Gobierno no ha «sabido defender los intereses de España» y ha puesto en entredicho la imagen del país.
Así, recrimina al Ejecutivo que no haya «alzado la voz para expresar con claridad y contundencia la posición y el legítimo derecho de España ante varios desafíos» y que haya contribuido con esta actitud al «sostenimiento de situaciones incómodas y problemáticas de cara al futuro» que, para el PP, podrían haber sido resueltas «con la firmeza y la determinación que da tener la fuerza de la razón y el respaldo absoluto de los ciudadanos y el Derecho Internacional».
NO SE APOYA A LA AUDIENCIA NACIONAL
En el caso de Venezuela, además de reprochar al Gobierno su falta de firmeza ante el Gobierno de Chávez, también le acusa de no haber dado un «apoyo convencido a las acciones judiciales emprendidas por la Audiencia Nacional en la persecución del delito y los delincuentes».
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha desmentido cualquier vinculación entre su Gobierno y la banda terrorista ETA, cuyas actividades rechaza «sin paliativos». La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega se ha mostrado satisfecha con esas palabras y considera que el líder bolivariano ha dejado una «muy clara cooperación» entre ambos países, al mismo tiempo de que el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho que «no hay ningún dato, ninguna afirmación de ninguno de estos etarras que permita inferir, colegir, ni tan siquiera sospechar que el Gobierno venezolano tuviera algo que ver con eso».
Además de la interpelación, el PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para exigir al Gobierno que tome medidas frente a Venezuela tras la «constatación policial y judicial de la actividad» de ETA en el país americano, del que considera «imperativo» lograr un «compromiso firme» de colaboración con España para lograr el fin de la banda terrorista y de que no habrá «otro episodio de cooperación» entre ETA y altos funcionarios venezolanos.
La falta de protección a los intereses de los españoles «que tratan de evitar que sus bienes y propiedades les sean arrebatados arbitrariamente por la República Bolivariana» que preside Evo Morales es otro de los peros que el PP pone a la política internacional del Gobierno socialista en su interpelación del miércoles.
GIBRALTAR Y MARRUECOS
Además, el partido de Mariano Rajoy critica que el Ejecutivo «por inacción voluntaria y consciente» esté permitiendo que Gibraltar trate de controlar aguas que reclaman ilegalmente como de su propia jurisdicción «provocando continuos incidentes y entorpeciendo la labor de la Guardia Civil en la protección de las aguas jurisdiccionales españolas» poniendo en peligro «la propia seguridad de las patrullas».
Por último, se queja de que el Gobierno «se inhiba de protestar firmemente ante acciones» de Marruecos como el bloqueo de la frontera o el acoso a las poblaciones «con reivindicaciones territoriales incluidas», de Ceuta y Melilla.
Tras el debate que tendrá lugar este miércoles, el PP registrará una moción que se votará previsiblemente el 26 de octubre y que le servirá para que el resto de la Cámara se pronuncie también sobre la efectividad de la política exterior del Ejecutivo.
