El magistrado de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, ha considerado este miércoles que el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, ha hecho «simplemente lo que tenía que hacer» al trasladar al Pleno de la Sala la decisión sobre las atribuciones delictivas a los mandos de Interior que presuntamente colaboraron con ETA en el denominado «caso Faisán», y ha asegurado que es la decisión «técnica» más normal. «El hecho de que la tomara Bermúdez, o lo hiciera el resto de los magistrados más uno, es irrelevante», ha asegurado.
«Desde luego, yo hubiera pedido lo mismo y creo que las críticas al juez son absolutamente injustas», ha remarcado durante su paso por los Cursos de Verano de El Escorial, organizados por la Universidad Complutense de Madrid, en los que ha intervenido en la conferencia sobre ‘la desaparición forzada de personas: la experiencia española. Historia, derecho y ficción’.
Para Prada, a pesar de que la situación es «compleja y controvertida», lo que hace falta es ver si la Audiencia Nacional «tiene la capacidad» de poder actuar no en tribunales de a tres, sino en tribunales mucho más amplios, que ha juzgado como la opción «normal».
Además, a este respecto, ha declinado que la medida facilite el proceso para los cargos de Interior y ha señalado que, en estas circunstancias, es «bastante más fácil» que el proceso derive en una menor politización, ya que cualquier vinculación queda más difuminada en tribunales con mayor número de magistrados. «La apariencia es muy importante y, lógicamente, para evitar la puesta en cuestión de una decisión de un tribunal más pequeño», de forma comprensible, «es aconsejable que el asunto se lleve a un tribunal más amplío donde esas situaciones se disuelven entre muchas», ha subrayado.
EN DESACUERDO CON EL PP
Asimismo, el magistrado de la AN ha precisado que su opinión respecto a la gravedad de los hechos del caso Faisán «es exactamente la contraria» a la de la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha juzgado los acontecimientos como «gravísimos».
«Yo ya tuve ocasión de manifestarme en mi voto particular hace cierto tiempo y, desde mi punto de vista, no eran culpables ni se trataba de hechos penalmente relevantes «, ha precisado, al tiempo que ha admitido que la portavoz tenga «su opinión», aunque esté «mediatizada por los intereses políticos».
Así, Prada ha valorado que el hecho de que «realmente existan los intentos por parte de la señora Saénz de Santamaría, el que trate por todos los medios de influir en las decisiones de la justicia, es normal, al fin y al cabo son políticos». A su juicio, «la separación de política y justicia en compartimentos estancos es imposible» porque «la política está judicializada y la Justicia está politizada», ha dicho, remarcando que «nada es pristino y claro».
«Lo que es importante es que los jueces, los operadores jurídicos que tienen encomendada la función constitucional de impartir justicia, traten por todos los medios de hacerlo de una manera independiente, imparcial, sin realmente estar connotados, tocados por la política», ha matizado, al tiempo que ha descartado por completo la viabilidad de cualquier tipo de comparación entre el proceso por el Caso Faisán y la trama de Gürtel.
YA HUBO CASOS CON GONZALEZ Y AZNAR
Dicho esto, y preguntado acerca de los cargos que se imputan de colaboración con banda armada, el magistrado ha incidido en que «son hechos que se insertan en un contexto muy específico como es el de la tregua», en el que había presuntamente «un proceso de paz por llamarlo de alguna manera», y por lo tanto, «no tenían desde luego ninguna intencionalidad de poder ayudar o colaborar con la organización terrorista».
«Esas acciones creo que desde el punto de vista jurídico el tema de querer perseguir cuando menos los fines de ayudar a ETA forman parte de la parte de la parte subjetiva del tipo penal. Si no se da esa parte del tipo penal pues no se puede hablar de delito de terrorismo bajo ningún concepto», ha explicado.
Según Prada, esta argumentación «había sido sorprendentemente hasta el asunto faisán», y no había sido problemática, ni cuando el Gobierno de Felipe González mando a la cúpula de ETA a la República Dominicana en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas «para poder tener un interlocutor válido», ni cuando el PP de Aznar se entrevistó con miembros de la banda, ya que, a pesar de haber denuncias, «siempre se archivaron».
«La misión habría sido proceder al arresto inmediatamente de esas personas y sin embargo no lo hicieron en aquel momento. Entonces, que ahora mismo haya un rasgar de vestiduras de determinados sectores políticos por lo que han hecho otros políticos, no lo entiendo. A mí me parece muy bien que en el lenguaje político eso tenga cabida, pero desde luego en el lenguaje jurídico no entra», ha argumentado.
