MADRID, 29 (OTR/PRESS)
Junto al derecho a la vida y a la libertad de expresión y opinión, el respeto y protección de la propiedad privada es uno de los pilares de los sistemas democráticos. Precisamente por eso, una de las primeras medidas adoptadas como seña de identidad por los regímenes totalitarios comunistas que hemos conocido en la Historia fue la abolición de la propiedad privada. A éstas alturas de la película, parecería ocioso recordar cuestiones tan evidentes sino fuera porque entre nosotros no todo el mundo las tiene claras a juzgar por la frecuencia con la que se producen casos de ocupación ilegal de inmuebles particulares o públicos por parte de grupos de marginales- «okupas» dicho en el argot que usan.
Los dos últimos episodios conocidos son la: ocupación de un ambulatorio fuera de servicio y el de un hotel cerrado al público por encontrarse en trance de concurso de acreedores. El primero de los citados inmuebles es de titularidad pública y ambos se encuentran en Madrid. Pero hay otras ciudades españolas, sobre todo Barcelona, que también padecen este tipo de actuaciones contrarias a la ley y demoradas en términos de desalojo porque, digámoslo pronto: en el caso de Madrid, la instancia política y policial competente, la Delegación del Gobierno, en relación con este asunto, se caracteriza por mirar hacia otro lado.
A ojos de un observador ajeno a las miserias de la política se diría que más que renuencia a ordenar el preceptivo desalojo previsto por la ley, lo que en ambos casos se aprecia es una suerte de complacencia de fondo, de afinidad gauchista más propia de adolescentes que de adultos conocedores de las leyes. Por obra del resultado de las elecciones a la delegada del Gobierno en la capital la quedan dos telediarios. Dentro de un mes, cuando sea cesada, tendrá tiempo para reflexionar si con ésta y otras actuaciones suyas no habrá contribuido a generar el descalabro electoral sufrido por el PSOE. Tengo para mí que así ha sido en Madrid.
