La diputada de UPyD Rosa Díez ha manifestado en el Congreso que es preciso refundar el Estado autonómico que despilfarra 24.000 millones de euros al año. Rajoy ha contestado que se van a intentar evitar algunas duplicidades y solapamientos.
Es decir, calafatear las diecisiete pateras ruinosas para tratar de llevar a los españoles sin empleo, sin esperanza, sin casa, sin libertades públicas reales y algunos ya sin decoro ni vergüenza hasta la otra orilla de la crisis en medio del oleaje.
El drama para los del PP y los oficialistas bien pensantes en general que disfrutan del actual estado de cosas, es que la gravedad de la crisis ya es tal y el futuro aún más negro que no podemos permitirnos un Estado que no sólo amenaza la continuidad histórica de la nación española.
Que es ineficiente, caro, injusto, ruinoso, generador de corrupción porque significa la corrupción misma, lujosa peana de una casta parásita, egoísta e insoportable que cada vez es más incapaz de disimular sus actividades estrafalarias, onerosas cuando no delictivas en medio de la creciente miseria generalizada que contribuye de modo decisivo a generar en la sociedad.
Aquí está el dilema: Hay que elegir entre conservar el Estado autonómico o los derechos civiles y económicos de la gente común, lo que se pueda salvar del incipiente Estado de Bienestar.
Algún lector pensará, «hoy éste se está pasando varias autonomías. No hay para tanto». Yo creo que sí, leamos el DOGA del viernes 2 de marzo pasado. La Ley 1/ 2012 de 29 de febrero de medidas temporales en determinadas materias de empleo público de la Comunidad Autónoma de Galicia supone la confesión de lo que, florituras aparte, en verdad se está dilucidando: la conservación de los derechos laborales de los trabajadores o el mantenimiento de una costosa e inepta estructura política que cabalga a los lomos de la gente común picando espuelas en sus riñones.
Veamos un ejemplo: después de una florida prosa retórica sofista para poner en suerte la bicha se afirma en el artículo segundo que salvo en determinados casos de enfermedad profesional u hospitalización entre otros, si un currante enferma por primera vez en ese año se le concede la gracia de pagarle la mitad del sueldo durante los tres primeros días de la enfermedad.
Si por segunda, el cuarenta por ciento, si por tercera, se puede morir de hambre si quiere, porque la Xunta no se dignará pagarle ni un euro. No obstante, si el pobrecito enfermo logra sobrevivir los tres días no debe preocuparse: la Xunta en un acto de piadosa magnanimidad tiene a bien pagarle tres cuartas partes de su sueldo.
A partir del vigésimo segundo día le da por imposible, pero le paga. Y aunque esto no lo dice el DOGA, con cargo al fondo de reptiles sus servicios técnicos le harán vudú hasta su total liquidación, porque esclavos tan blandengues no interesan al Partido ni a la Administración de la cosa galleguista.
De modo que, amigo lector, ¿quién es el que exagera?
Rosa Díez se está convirtiendo en el paño de lágrimas de una sociedad estafada y saqueada por los políticos del establishment partitocrático que quieren conservar lo suyo a costa de lo nuestro. Pero, ¿quién exorcizará al energúmeno?
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