El jueves 22 de marzo de 2012 el diario el Mundo, que dirige Pedrojota Ramírez, informaba a bombo y platillo y en sus páginas 1, 3 y 6 de lo que ya en algunos medios del Partido Popular se conoce como la OPERACIÓN IGGON, que es el acróstico que se ha formado al unir las primeras sílabas del nombre y el apellido del vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
Firmada por Eduardo Inda, que es uno de los adjuntos al director del periódico y Esteban Urreiztieta, autor del libro «Mallorca es nostra», se incluye como noticia de portada una peripecia personal del considerado como «mano derecha de Esperanza Aguirre», que disfruta de un ático en la Costa del Sol, en régimen de alquiler según dice él, o como propiedad personal sobre la que «Hay sospechas que vinculan la operación a la trama Gürtel», como se insinúa en uno de los tres editoriales cortos del periódico.
Una vez echada la primera ojeada, merecía la pena ver con detenimiento qué había tras las alharacas del principio. Y ocurre que, según cuentan los periodistas, lo único cierto es que El Mundo ha informado que la policía investiga a quién corresponde la propiedad de un inmueble.
Porque es lo cierto que, a la hora de entrar a definir las realidades y responsabilidades, el matutino madrileño organiza toda una auténtica ceremonia de la confusión en la que mezcla todo, no aclara nada, confunde datos y realidades y deja sin respuesta todas las preguntas que el lector apetece conocer y que la actividad informativa debería contestar: Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué.
Y es que el inmueble se ubica en sitios con nombres distintos (Urbanización Guadalmina, Málaga, Complejo Alhambra de Golf), se valora con cifras variables (1,1 millones de euros, 1,3 millones de euros ó «en 1.350.000, de los que 400.000 se desembolsaron en metálico»), se dice que lo venden personas distintas (hija de la intermediaria A.B o Pedro Javier Villate Pérez) y es posible que sea de unos cuantos propietarios que se citan (Ignacio González, Pedro Javier Villate y la empresa estadounidense Coast Investors, que dicen ubicada en el estado norteamericano Delaware).
Dentro de la ceremonia de la confusión y casi al final de la información, en la página 6 el periódico, se ha incluido un dato anecdótico:
«El tercer personaje en cuestión, el estadounidense Rudy Valner, a quien González y su esposa, Lourdes Cavero, dicen haber arrendado la casa, es un abogado de Beverly Hills (California) que se autoanuncia en internet como experto en actuaciones paralelas (sic)»
De esta forma, se teje todo un entramado de afirmaciones más o menos sesgadas y declaraciones e interrogantes de personas que no parecen relevantes para concluir con una especie de consejo, que se incluye en el editorial, que puede que sea el motivo que origina el trabajo y que resulta un tanto extravagante:
«…, por lo que lo más conveniente para González es aclarar con detalle la situación legal de su dúplex de verano e impulsar una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, si la oposición no queda satisfecha».
La conclusión del editorialista del periódico lleva a una simple reflexión: Mezclando la simple investigación policial sobre la propiedad de un inmueble con algunas divagaciones grandilocuentes y la persona del Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, se aconseja la creación de una Comisión de Investigación aderezada como concesión a una Oposición que se pretende debe quedar satisfecha.
Y no se repara en que la satisfacción sería plena para todos (oposición y gobierno) si los impulsores de la Operación IGGON la hubieran concebido desde una óptica más realista y con la solidez propia de unos datos reales expuestos con argumentos coherentes.
De seguir los consejos del periódico, La Operación IGGON llegaría a la Asamblea de Madrid, que preside Esperanza Aguirre, y sembraría de recelas, malicias y sospechas todo lo que hay alrededor del Vicepresidente.
Al decir de algunos de los que siguen el asunto, parece que Ignacio González no se ha andado con chiquitas y que ya ha agarrado al toro por los cuernos exhibiendo los documentos que avalan su buen hacer.
Una vez más y por culpa de un representante de la prensa, en un Estado de Derecho en el que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, un ciudadano ha tenido que intentar defender su inocencia para verse libre de sospechas.
Pero el toro ya ha soltado las tarascadas y, a diferencia de lo que hace el diario El Mundo, parece oportuno contestar algunos de los interrogantes de la Operación:
¿Qué?: Un ataque a la cabeza de la Asamblea de Madrid.
¿Quién?: Los periodistas Eduardo Inda, que es uno de los adjuntos al director del periódico y que sonó en un tiempo como próximo a la televisiva Intereconomía; y Esteban Urreiztieta, traído desde las Islas Baleares.
¿Cómo, Cuándo y dónde? : Usando las páginas del diario El Mundo, en estos días y en el periódico citado.
¿Y por qué? Esa es posiblemente la única interrogación que alguien responsable no se atreva a contestar a bote pronto o a vuela pluma, ni siquiera en presencia de un abogado competente.
¿Por qué el diario madrileño El Mundo, que dirige Ramírez, le lanza estas cornadas pseudo informativas a la mano derecha de Esperanza Aguirre y teórico delfín suyo en este momento? ¿A quién le conviene un estatus político de pronóstico reservado en la Comunidad de Madrid en esta situación y a estas alturas de la legislatura?
Una forma de encontrar una respuesta aceptable consistiría en buscar el beneficiado, o los beneficiados por la Operación IGGON. El qui prodest? que diría el aficionado a los latinajos. Y como beneficiados aparecen algunos, no todos, pero sí algunos, que están en la mente de algunos, pero no de todos. Ni de todas…
José Luis Heras Celemín es escritor y corresponsal político en el Congreso de Periodista Digital.