Cualquier español sensato debería comprender que las medidas que ha debido promover el Gobierno son tan amargas como inexcusables
Era relativamente previsible que, tras la mayoría absoluta del PP, la izquierda se sintiese llamada a utilizar la calle en contra de la legitimidad democrática.
El problema radica en que, dadas las condiciones desastrosas de nuestra economía, amargo fruto de la insensata gestión socialista, el margen de maniobra para financiar la deuda en los mercados internacionales se estrecha, y, con ello, se hace cada vez más difícil renovar el crédito y la confianza hacia España, y se incrementa la amenaza de una intervención para evitar la quiebra.
Cualquier español sensato debería comprender que las medidas que ha debido promover el Gobierno son tan amargas como inexcusables y que, con toda probabilidad, deberán ser seguidas, además, por decisiones no menos dolorosas si no se consigue alcanzar pronto una aceptación de los denostados mercados.
Salvo que se prefiera la catástrofe al remedio, todos deberíamos apretar los dientes y aguantar los duros ajustes que precisa la situación, pero la irresponsabilidad histórica de la oposición está propiciando que florezcan los síntomas de contestación hacia un Gobierno legitimado tanto por el apoyo político de la mayoría de los españoles como por la implacable lógica que nos impone la obligación ineludible de hacer frente a las deudas contraídas y la imperiosa necesidad de continuar contando con una financiación exterior que nuestra economía es incapaz de evitar.
Que un Consejo Asesor de la Generalitat de Cataluña, uno de esos órganos que habría que suprimir por puro sentido común, se atreva a asegurar la inconstitucionalidad de la reforma laboral; que el órgano de gobierno del PNV se dedique a pronosticar y promover la plena soberanía del País Vasco en un par de años, y que quien es oficialmente el número dos del PSOE se dedique a marcarle las líneas rojas a este Gobierno son tres ejemplos palmarios de irresponsabilidad y falta absoluta de ética política, y muestra mucho mejor que mil análisis las razones por las que los mercados no se sienten inclinados a creer en las posibilidades de este país de salir adelante en las dramáticas circunstancias actuales.
El fantasma de una España ingobernable, de una segunda Grecia mucho más peligrosa para el conjunto de la zona euro por su tamaño, se pasea por bancos y cancillerías de medio mundo mientras unos mequetrefes políticos sin el menor sentido de la responsabilidad ni de la Historia se dedican a poner palos en las ruedas del Gobierno sin darse cuenta de que su fracaso sería el fracaso de todos, un retroceso político y económico sin precedentes en la exitosa carrera histórica que ha supuesto para España la llegada de la democracia.
Seguramente se dedican a decir tales bobadas confiando en que, pese a todo, podamos salir de esta situación tan comprometida, porque, desde luego, es posible hacerlo, pero no será precisamente merced a su apoyo.
El Gobierno no deberá vacilar ni un segundo en poner a esta clase de irresponsables en su sitio, para no arriesgar seriamente el porvenir de todos. Estamos seguros de que así será, pero no estaría de más que los ciudadanos de a pie comenzasen a hacer sentir su enfado no contra quien intenta remediar los desastres que otros causaron, sino contra los cínicos y los cobardes que ponen el grito en el cielo porque otros, con algún sentido del deber y la responsabilidad, se aprestan a sofocar el incendio que ellos provocaron.
NOTA.- leer artículo original en ‘La Gaceta’