OPINIÓN / ANNE BAYEFSKY

El Consejo de DDHH de la ONU, cómplice de dictaduras

Denuncia a Canadá mientras celebra la concepción islamista de los derechos humanos

El Consejo de DDHH de la ONU, cómplice de dictaduras
Navi Pillay. EFE

La principal entidad de derechos humanos de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, iniciaba su sesión actual en Ginebra esta semana con ciertas críticas a Canadá.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, daba lectura a una lista de problemas de derechos humanos que según su opinión son particularmente acuciantes: Siria, por crímenes contra la humanidad; un golpe militar en Mali y ejecuciones extrajudiciales en Eritrea; campamentos de presos políticos y ejecuciones públicas en Corea del Norte y los derechos humanos en Quebec.

El único problema de derechos humanos que Pillay tacha de «alarmante» son «las maniobras encaminadas a restringir la libertad de asamblea», y el único ejemplo alarmante que supo dar son las restricciones en Quebec.

La única cuestión de la que dice estar «decepcionada» es la ley de Quebec. Y el único motivo concreto de inquietud que cita en violación de «la libertad de asociación» en todo el mundo se da en Quebec.

¿Qué se esconde detrás de su escandalosa intervención?

En el mismo discurso habló de esos mismos derechos humanos en un contexto muy diferente, a saber, el mundo árabe. Su corto comentario dice así:

«La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en funciones hizo una visita a El Líbano en mayo de 2012 con el fin de asistir a una conferencia regional de libertad de expresión, asociación y asamblea».

En otras palabras, la Alta Comisionada se valió de la excusa de vigilar los problemas del mundo con los derechos humanos y de la comparecencia pública para promover una charada «de derechos humanos» que contaba con el respaldo de Hezbolá, y legitimar el interés fingido en la libertad de expresión, asociación y asamblea de un gobierno que tiene el respaldo de la organización terrorista.

Lo que viene a significar: que su representante en funciones Kyung-wa Kang se desplazó el 22 de mayo de 2012 a la conferencia libanesa, estrechó la mano de funcionarios con el respaldo de Hezbolá, y afirmó ante los reunidos:

«Los países representados aquí hoy constituyen los principales actores de los tratados internacionales de derechos humanos y del Convenio Árabe de los Derechos Humanos. Los estándares de derechos humanos desarrollados por la comunidad de Estados en esos tratados nos brindan las directrices necesarias que definen las libertades de expresión, asociación y asamblea pacífica. Definen las restricciones permitidas y el alcance de la interpretación que ayuda a encontrar el equilibrio imprescindible».

¿Qué es lo que dice exactamente el Convenio Árabe de los Derechos Humanos? Parte de la siguiente agenda «de derechos humanos»:

«Rechazamos toda forma de racismo y sionismo, que constituyen violación de los derechos humanos y amenaza a la paz y la seguridad internacionales».

Prosigue para ratificar ‘la Declaración de los Derechos Humanos en el Islam de El Cairo’, que entre otras cosas, afirma:

«Todos los Derechos y Libertades Estipulados en Esta Declaración Están Sujetos a la Ley Islámica».

De manera que ahora tenemos claras las «definiciones» y «equilibrios» que para los responsables de los derechos humanos en las Naciones Unidas tienen más sentido que la Ley 78 de Quebec.

Más preocupante quizá que la intervención de Pillay es el estrepitoso fracaso de la principal experta en derechos humanos de las Naciones Unidas a la hora de reconocer la diferencia esencial entre democracias y no democracias.

La ley de Quebec fue llevada ante los tribunales en un sistema judicial caracterizado por una judicatura independiente que determina de forma definitiva su legalidad. Aunque la diferencia entre las Canadás y las Sirias del mundo no puede ser más evidente, un concepto retorcido de igualdad impulsa las conclusiones de las Naciones Unidas.

Israel, única democracia de Oriente Próximo, lleva tiempo familiarizado con el modus operandi de las Naciones Unidas.

El Consejo de Derechos Humanos –creado en el año 2006 como versión nueva y mejorada de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que en tiempos tuvo a Libia de presidente — ha adoptado resoluciones y decisiones que condenan a estados concretos por violaciones de los derechos humanos. El 41 por ciento de ellas se ha dirigido exclusivamente contra Israel.

A modo de comparación, no existe ni una sola resolución relativa a Arabia Saudí, que esta semana volvía a decapitar a un particular por brujería y adulterio.

Tampoco se ha visto alguna resolución relativa a China, donde huir a la embajada americana durante alguna visita de la Secretario de Estado de los Estados Unidos se ha convertido en la opción más viable para los activistas de los derechos humanos que desean salir del país.

La decisión de Navi Pillay de cargar las tintas contra Canadá en esta salva es, por tanto, totalmente personal. Quizá sea más famosa por cuestionar la legalidad de abatir a Osama Bin Laden transcurridas apenas unas horas de su muerte.

También es la principal defensora de la declaración «antirracismo» de Durbán, y permaneció pegada a su silla durante la segunda Conferencia de Durbán, mientras los diplomáticos representantes de las democracias abandonaban colectivamente la estancia mientras el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad cuestionaba la veracidad del Holocausto.

La tragedia de la alambicada forma de ver los derechos humanos que aplican los funcionarios de la ONU inquietos por impresionar a las mayorías de las Naciones Unidas –Pillay fue renovada en su cargo hace justo unas semanas– reside en que Canadá es un verdadero amigo de los derechos humanos dentro y fuera del país.

A lo largo de los años, con independencia del signo del gobierno, los representantes canadienses nunca han aducido que Canadá esté por encima de las normas o que no pueda hacer mejor las cosas.

Canadá no sólo ha sido generoso en lo relacionado con las donaciones a los derechos humanos en múltiples frentes, durante décadas ha asumido el papel rector en el seno de las Naciones Unidas en lo relacionado con los derechos humanos, de la libertad de expresión en Irán.

El sistema de «derechos humanos» de las Naciones Unidas hoy, por tanto, plantea un grave desafío a las democracias deseosas de avanzar, reto que exige una segunda formulación fundamental de las prioridades internacionales, las institucionales y los compromisos, y unas organizaciones nuevas que encajen en el siglo XXI.

Autor

Antonio Chinchetru

Licenciado en Periodismo y tiene la acreditación de suficiencia investigadora (actual DEA) en Sociología y Opinión Pública

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