El conocimiento de que Jesús Sepúlveda sigue a sueldo del Partido Popular ha caído como un jarro de agua fría entre la militancia de la formación y ha puesto en un serio aprieto a la Dirección nacional. Que ya cometió un error parecido cuando durante meses pagó el abogado a Luis Bárcenas y hasta le permitió seguir campando a sus anchas por Génova 13 hasta hace pocas fechas.
Mariano Rajoy y el resto de la cúpula popular han pedido en los últimos días poco menos que un acto de fe a la opinión pública. Puesto que, ante la imposibilidad de demostrar que no cobraron sobresueldos en negro -cómo demostrarlo si se trataría de dinero inexistente a los ojos de los cauces legales-, se han limitado a dar su palabra de que las anotaciones publicadas por El País son falsas y han achacado lo publicado a una oscura operación para destruir al PP y al Gobierno.
Muchos ciudadanos les han creído. Pero, como afirmó el propio Rajoy el sábado ante su Comité Ejecutivo Nacional, «todos los españoles, nos hayan votado o no, tienen el derecho a recibir la seguridad de que les gobiernan personas honradas e íntegras». Y el hecho de saber que el exalcalde de Pozuelo, imputado en el Caso Gürtel por cohecho entre otros delitos, sigue trabajando para el PP rechina demasiado.
Por no hablar de que echa por tierra ese discurso de tolerancia cero con los corruptos que mantiene el partido del Gobierno. Tolerancia cero que, por ejemplo, antaño llevó a Esperanza Aguirre a fulminar ipso facto a todos aquellos cargos del PP de Madrid sobre los que había caído la sombra de la duda Gürtel. Incluido su consejero de Deportes, Alberto López Viejo.
Excusas de poca monta
Los argumentos que el PP ha dado en las últimas horas para justificar la injustificable nómina de Sepúlveda no son más que excusas cojas, por mucho que tuviera un contrato indefinido desde hace dos décadas al que renunció temporalmente -vía excedencia forzosa- para presentarle a las elecciones de Pozuelo y al que volvió a acogerse en 2009.
Según Carlos Floriano, el exmarido de Ana Mato le ampara el Estatuto de los Trabajadores porque «a los empleados imputados no se les puede despedir legalmente» y, si el PP lo hiciera, «podría ir magistratura de trabajo y nos obligarían a readmitirle por despido improcedente». No obstante, ¿no habría sido mejor despedirle y haber dejado la pelota de su posible readmisión en el tejado de la Justicia? Así ahora el PP tendría la coartada de que fue un juez y no el partido el que abrió de nuevo los brazos a la oveja descarriada de Sepúlveda.
Y luego está la excusa de la indemnización, que tampoco tiene venta posible. Según los populares, haberle despedido teniendo 20 de años de antigüedad le habría supuesto mucho dinero a la formación. ¿Pero acaso no es mejor eso que tener en nómina a un imputado que se paseaba en un Jaguar valorado en más de 52.000 euros cortesía de Francisco Correa? Además, el PP podía permitirse tal indemnización, porque según el informe elaborado por la tesorera desde 1995 ha primado el «equilibrio presupuestario» en las cuentas de un partido que «nunca ha tenido problemas de financiación».
Para más inri, los populares se llenan la boca hablando de transparencia y este lunes ni siquiera fueron capaces de concretar cuáles son las tareas encomendadas a Sepúlveda, más allá de que elabora informes de distintos temas y que no tiene despacho, sino que trabaja desde casa. Tal falta de concreción puede hacer preguntarse, por ejemplo, si su pluma está presente en la reforma a la que fueron sometidos los estatutos del PP en el Congreso nacional de febrero de 2012; o en alguna de las propuestas del programa con el que Rajoy concurrió a las últimas generales. Porque abrir la hipótesis de que el partido lo mantiene en su casa, cobrando sin trabajar, sería deslizarse todavía en una más peligrosa pendiente de suposiciones, ninguna buena.
Por eso es tan importante y urgente que el partido aclare cuanto antes cuál ha sido el cometido de Sepúlveda desde que se reincorporó en 2009, cuánto cobra y si sigue siendo militante -extremos que Floriano tampoco quiso aclarar este lunes- y si la decisión de no despedirle es firme o cabe retractarse.
Debería caber, porque no es de recibo tal nivel de connivencia del PP con alguien acusado de enriquecerse a costa de sus siglas y, lo que es peor: que cobra un salario de una formación para la que las subvenciones públicas -según los datos de la tesorera- suponen más del 95% de sus ingresos. Ello quiere decir que a la postre los honorarios de Sepúlveda los pagan los españoles.
