En una intervención en Nueva York el 12 de junio ante el Council on Foreign Relations, Hillary Clinton expuso el familiar argumento a favor de poner fin al embargo comercial estadounidense a Cuba, el mismo que los críticos de la legislación llevan años utilizando.
«El embargo es el mejor amigo de Castro», dijo la ex secretario de estado; brinda al régimen de La Habana «la excusa para todo». Prescindir de las sanciones «altera la dinámica psicológica de esta cuestión» y mejora las relaciones norteamericanas con el resto del hemisferio. Así que «hemos de defender la normalización de las relaciones y ver lo que hacen [las autoridades cubanas]».
Unas horas antes, las autoridades cubanas habían hecho una de las cosas que mejor se les dan: vejar a disidentes pacíficos. Más de 40 activistas pro-democracia eran acorralados el 11 de junio y varios fueron presuntamente apaleados por agentes de la seguridad pública. Uno de los disidentes más respetados de Cuba, Jorge Luís García Pérez, conocido de forma generalizada como Antúnez, dijo haber sido apaleado y golpeado hasta quedar inconsciente en una comisaría de Santa Clara, según el Miami Herald. Responsables de la seguridad del estado advirtieron a Antúnez que dejara de recabar firmas en una petición de condena a las iniciativas internacionales que pretenden suavizar las sanciones norteamericanas a Cuba. En el momento de su detención, más de 830 disidentes cubanos habían firmado el llamamiento.
En Cuba, como en Estados Unidos, oponerse al embargo públicamente no exige ningún coraje. Los cubanos que públicamente lo apoyan, por otra parte, se exponen a ser imputados por un delito que se castiga con penas de hasta 15 años de cárcel. La valoración del embargo estadounidense por parte de Clinton suscita atención porque ella es candidata potencial a presidente. Pero lo que realmente merece el titular es el valor demostrado por los cientos de ciudadanos cubanos de a pie que instan abiertamente al mundo a no hacer negocios con la dictadura que tanto tiempo lleva sometiendo a Cuba.
La opinión generalizada sostiene que el embargo estadounidense sólo ha persistido porque los cubano-americanos de Florida, bloque electoral clave, lo defienden fervientemente. La Universidad Internacional de Florida despertó cierta atención mediática la pasada semana con un nuevo sondeo que demostraría que por mayoría ajustada, los cubanos afincados en el Miami metropolitano – capital de la minoría cubano americana – en realidad se opondrían al embargo. Los críticos indicaron enseguida ciertos problemas notables que revestiría el sondeo, como que el 90 por ciento de los encuestados dijo ser votante registrado mientras sólo el 62 por ciento decía ser ciudadano estadounidense regular. Y los resultados difundidos filtran el número de «no sabe/ no contesta», que a tenor de la pregunta del embargo ascendía al 12 por ciento de los encuestados. Incluir esas cifras en el recuento total arroja un 45 por ciento en contra del embargo – un grupo nutrido, pero una mayoría no.
Pero el hincapié en los sondeos es una distracción. El embargo económico estadounidense no es el origen de la miseria cubana. La tiranía de Castro sí. Derogar de forma unilateral el embargo no debilita a la tiranía inundando la isla de turistas estadounidenses, bienes de consumo y nociones democráticas, como se imaginan de forma romántica los detractores de las sanciones. Casi 3 millones de turistas visitan ya Cuba cada año, cientos de miles de estadounidenses entre ellos. En los últimos años, más turistas han visitado Cuba procedentes de Estados Unidos que de ningún otro país a excepción de Canadá – y su número viene creciendo.
El embargo comercial dista de ser hermético. Desde el año 2000, las exportadoras norteamericanas han vendido cerca de 5.000 millones de dólares en alimento, bienes agrícolas y productos médicos a Cuba – de hecho, durante varios años, Estados Unidos fue el quinto socio comercial de Cuba por volumen. Mientras tanto, Cuba ha tenido al resto del mundo para hacer negocios, libre de embargos o de la política de Florida.
Si el turismo o la actividad comercial fueran a socavar al régimen comunista de Cuba, desde luego habría sido depuesto hace tiempo. Pero el diálogo con los totalitarios no los convierte en vecinos democráticos y libres. Más bien los refuerza a la hora de actuar con contundencia contra sus súbditos con todavía mayor impunidad. Según Elisardo Sánchez, famoso activista de los derechos humanos en La Habana, la detención de disidentes se ha disparado, alcanzando los más de 3.800 solamente durante los cuatro primeros meses de 2014, muy por encima del anterior máximo de 2.795 hace dos años.
El embargo, o lo que queda de él, no es inamovible. Está tipificado, no obstante, dentro del régimen jurídico estadounidense. La Ley Helms-Burton, aprobada por el marido de Hillary Clinton en 1996, permite el levantamiento del embargo una vez el gobierno cubano legalice a la oposición política, ponga en libertad a los presos políticos y fije la fecha de celebración de unos comicios democráticos. Los disidentes cubanos insisten en ese extremo a riesgo de entrar en prisión. ¿No deberían insistir en ello también los políticos norteamericanos, que no tienen nada que perder aparte de su credibilidad?
