VALDEMORO, CENTRO NEURÁLGICO

Cuñados, hermanos y esposas de hicieron carrera gracias a la trama

"Aquí siempre hemos ´presumido´ de que teníamos dos alcaldes, el de turno y Paco. Nada se movía sin su consentimiento", relata una empleada que lleva 23 años en el Ayuntamiento de Valdemoro

La imputación de Nieves Alarcón, la mujer de Francisco Granados, es la confirmación de que la trama que investiga la Operación Púnica compone una gran familia donde se mezclan lazos familiares y de amistad.

A finales de los años noventa dos de los cuatro concejales del PP en la oposición en el Ayuntamiento de Valdemoro, amigos íntimos desde la infancia, se pelearon.

Qué distinta habría sido la historia si no se hubieran reconciliado un tiempo después, con uno de ellos ya como alcalde: Granados. El otro era David Marjaliza, el empresario que ocupa el epicentro de la operación y durante esa época presidente de Nuevas Generaciones de Valdemoro. Luego cambió la política por el ladrillo.

En torno a ellos gira una maraña de nombres, algunos aún por desentrañar. Entre ellos ha pasado casi desapercibida una de las piezas clave en el engranaje: Ana María Ramírez, mano derecha de Marjaliza (figura como apoderada de muchas de sus empresas) y casada con un hermano del actual alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza.

Aunque, en realidad, el alcalde nunca ha dejado de ser Granados. «Aquí siempre hemos presumido de que teníamos dos alcaldes, el de turno y Paco. Nada se movía sin su consentimiento hasta que salió lo de su cuenta en Suiza. Y además actuaban a pecho descubierto».

Así de claro habla Eva Borox, que ha visto muchas cosas en sus 23 años como auxiliar administrativa en el Ayuntamiento de Valdemoro y dos (entre 2005 y 2007) como portavoz de la oposición al alcalde popular José Miguel Moreno -el sucesor de Granados- desde el PSOE. Actualmente es la responsable de Ciudadanos en la localidad.

Ya por aquel entonces denunció los chanchullos con otro de los constructores implicados, Ramiro Cid Sicluna, por la venta de edificabilidad a bajo precio de unos terrenos sin pasar por el Pleno municipal.

Eva Borox denunció aquello en los tribunales y también la adjudicación de una vivienda de protección oficial al cuñado de Granados, el ahora concejal Germán Alarcón. De actualidad estos días, pese a no estar imputado, porque ha tenido que renunciar a ser alcalde por sus lazos familiares.

«Valdemoro connection»

La Valdemoro connection también llega al Ayuntamiento de Torrejón de Velasco. Su alcalde, Gonzalo Cubas, también imputado y para el juez Eloy Velasco decretó este miércoles prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros, es cuñado del empresario David Marjaliza.

De ese Consistorio salió el anterior alcalde, Miguel Ángel López, rumbo a otro de los ayuntamientos implicados en la trama, esta vez en manos del PSOE: Parla, donde actualmente es portavoz del PP. Le colocó, cómo no, Francisco Granados.

¿Tal vez para que el PP no hurgara más de la cuenta en los contratos del alcalde detenido, José María Fraile? Las dudas son lógicas. Por cierto que a este último el magistrado también le ha impuesto una fianza de 60.000 euros si no quiere ir a la cárcel.

«Da la impresión de que a veces a Granados no le hacía falta un alcalde, en algunos casos le ha bastado con un concejal», sostiene Borox. A este respecto el caso del Ayuntamiento de Móstoles es muy llamativo.

Su alcalde no fue detenido pero sí el concejal adjunto de Medio Ambiente, Alejandro de Utrilla. Al trascender la noticia el propio regidor decidió cesarle de forma temporal. Y resulta que, tras declarar, el juez Velasco le dejó en libertad.

Los Utrilla son una familia de abolengo en el PP que ha ocupado numerosos cargos de responsabilidad. Un hermano de Alejandro, Mario de Utrilla, actual alcalde de Sevilla la Nueva, empezó en Valdemoro como responsable de la empresa municipal de Vivienda. La hermana es Elena de Utrilla, ex diputada de la Asamblea de Madrid.

Junto con Utrilla el magistrado dejó en libertad al alcalde de Casarrubuelos, David Rodríguez Sanz; el consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás; el técnico municipal del Ayuntamiento de Serranillos del Valle Marco Durán y el empresario Francisco Ruiz Valenzuela, informa Efe.

Al término de la jornada de este miércoles, primer día de declaraciones ante el juez, cinco de los detenidos fueron enviados a prisión, todos ellos de la empresa Cofely, empezando por su director general, Didie Maurice. Aún queda mucho por aclarar en torno a una trama que ha dejado en shock, especialmente, al PP de Madrid.

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