ERC y la Generalitat han rechazado las palabras de Vidal, pero es probable que se deba más a que el exjuez ha roto el pacto mafioso de silencio, poniendo sobre aviso al Estado
EL llamado «proceso de desconexión» es un vertedero de ilegalidades, de vulneraciones de los derechos fundamentales y de desafíos impunes a la Constitución y a España.
Además, está dirigido por visionarios tan absorbidos por la mentira de su relato independentista que han roto cualquier vínculo con la racionalidad. No digamos con la simple discreción.
El exjuez Santiago Vidal sintetiza la paranoia política que provoca el síndrome totalitario del independentismo.
Santiago Vidal, juez suspendido de funciones por redactar una Constitución de un Estado inexistente, ha acusado al Gobierno catalán de haber cometido un delito de los graves.
¿Cómo demostrará Oriol Junqueras que su departamento no tiene los datos fiscales de los catalanes robados según el exsenador por ERC?
¿Se querellará la Generalitat contra el hombre que estaba preparando el sistema judicial del nuevo estado o dejará que sea la Fiscalía española la que persiga esta supuesta vulneración de la ley de Protección de Bases de Datos?
Vidal ha golpeado al ‘procés’ como nadie lo había hecho hasta ahora: aplaudiendo la ilegalidad, alardeando de la vieja doctrina de que el fin justifica los medios.
Vidal fue el redactor de una constitución para la república catalana, lo que le valió una sanción del Consejo General del Poder Judicial, y luego, con coherencia encomiable, pasó a ser senador de Esquerra Republicana de Catalunya.
En sus arengas secesionistas por el mapa catalán, Vidal ha acreditado una incontinencia verbal sobresaliente, que puede costarle cara. Entre otras astucias separatistas, Vidal ha declarado que la Generalitat se ha hecho ilegalmente con los datos tributarios de los ciudadanos catalanes.
Todo un aviso de que en la Cataluña independiente se aplicarán a rajatabla las «listas negras», pues no para otra cosa se quieren datos personales de esa naturaleza. Vidal es un entendido en la materia.
También anunció que tiene fichados a los ochocientos jueces que ejercen en Cataluña, gracias a lo cual sabe con quiénes se podrá contar en el «proceso de desconexión». Y qué decir de las listas de periodistas no gratos. Puro totalitarismo nacionalista.
ERC y la Generalitat han rechazado las palabras de Vidal, pero es probable que su rechazo se deba más a que el exjuez ha dicho lo que no debía, ha roto el pacto mafioso de silencio, poniendo sobre aviso al Estado.
Nada más que elogios merece la rápida reacción del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien ha ordenado a la Fiscalía de Cataluña que investigue los hechos revelados por Vidal. Pero, realmente, el problema de ilegalidad que existe en Cataluña es más amplio que las confesiones de un lenguaraz como Vidal.
Todo el proceso de separación se fundamenta en la sencilla y absoluta ilegalidad de estar usando una parte del Estado -la Generalitat de Cataluña- contra el resto del Estado, la Constitución y la unidad nacional. Y mientras no se ataque la raíz del problema, que es el expolio de las instituciones autonómicas por el separatismo, el Estado llegará siempre tarde y sus respuestas serán ineficaces.
Ya se ha visto lo que da de sí la política de diálogo inaugurada por la vicepresidenta del Gobierno. En efecto, en Cataluña hay que hacer política, pero la primera y mejor acción política que se debe hacer en un Estado de Derecho es aplicar la ley democrática.
La «política» que le piden al Gobierno desde la izquierda y el separatismo no es más que aceptar la agenda y las reglas del nacionalismo. Y esto, no.
