En España nadie es presunto inocente porque siempre se es culpable preventivo

La doble vara de medir la corrupción que emplea Ciudadanos

El empecinamiento en estigmatizar ahora al presidente de Murcia no hará más modélico al partido de Albert Rivera

La doble vara de medir la corrupción que emplea Ciudadanos
Albert Rivera (CIUDADANOS). PD

El partido de Rivera no tiene un concepto unívoco sobre la «corrupción política»

EN España, la respuesta política, judicial y sociológica a la corrupción política ha pasado en pocos años de una permisividad excesiva a una banalización vulneradora de la presunción de inocencia y creadora de juicios paralelos.

La indignación ciudadana precursora del populismo de Podemos y del regeneracionismo de Ciudadanos simplifica la respuesta a esta lacra.

Nadie es presunto inocente porque siempre se es culpable preventivo. La mera sombra de sospecha o cualquier acusación indiciaria se convierten en un estigma para el político.

Se le criminaliza preventivamente y luego se le castiga con penas de telediario que no siempre se ven confirmadas por condenas judiciales.

El resultado es una flagrante vulneración social del principio fundamental de la presunción de inocencia, de la que un político no llega a recuperarse. Las reglas no son las más justas, ni la aplicación de una furibunda justicia mediática es lo más conveniente.

Ciudadanos no es el único partido que lucha contra la corrupción. Su aparente intransigencia frente a los abusos no solo es demagógica, sino también contradictoria, con su exigencia de dimisión del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

Si llega a ser procesado y sometido a juicio oral sería lógico exigir su dimisión. Pero antes de declarar como investigado, parece un exceso que la democracia no debe permitirse.

Es cierto que se comprometió a dimitir si era imputado y Pedro Antonio Sánchez se ató de pies y manos a sí mismo.

Pero debe primar la coherencia porque es un dato objetivo que Ciudadanos mantiene tesis poco congruentes en su exigencia de responsabilidades.

Por un lado, nunca exigió en Andalucía la dimisión del consejero socialista de Economía, imputado por presunta prevaricación cuando era vicerrector en Sevilla. Por otro, en su propuesta de ley anticorrupción, habla de dimisiones en el momento de abrirse juicio oral y no durante una incipiente imputación.

El partido de Rivera no tiene un concepto unívoco sobre la «corrupción política». Si el criterio objetivo es haberse lucrado personalmente con fondos públicos, Ciudadanos no tiene ni un solo indicio de ello en Sánchez.

Y si una prevaricación administrativa sirve contra Pedro Antonio Sánchez, también debería valer contra el PSOE andaluz. La lucha contra la corrupción necesita más congruencia y menos demagogia, una justicia mucho más rápida, y un criterio definido de en qué momento procesal debe renunciar un político.

Sánchez ha sufrido una persecución con hasta quince procesos judiciales, sin haber recibido ni una sola condena porque todo fue archivado.

El empecinamiento en estigmatizar ahora a Pedro Antonio Sánchez no hará de Ciudadanos un partido más modélico. Cosa distinta será si las pruebas le llevan a ser procesado o encausado.

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