LA inminencia del juicio oral contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán parece haber desatado una serie de afortunadas coincidencias, todas ellas favorables, por razones de forma o de fondo, a ambos acusados.
Por un lado, la Junta de Andalucía ha renunciado a pedir a los acusados la devolución de las cantidades que se defraudaron bajo sus mandatos, reservándose esa posibilidad para un juicio civil posterior.
La juez Núñez Bolados ha revocado las fianzas impuestas por ese motivo. De esta manera, la Junta de Andalucía lesiona el interés económico de sus contribuyentes, porque no podrá instar una reclamación civil hasta que la sentencia penal condenatoria sea firme, lo cual requerirá no menos de dos años, dado que cabrá recurso ante el Tribunal Supremo.
Un ciudadano particular puede hacer lo que quiera con su patrimonio, pero una administración pública está obligada a adoptar todas las medidas necesarias para que los daños al erario público se reparen cuanto antes.
Por otro lado, el tribunal que juzgará a los expresidentes de la Junta de Andalucía estará presidido por un ex alto cargo del Gobierno andaluz, Pedro Izquierdo, quien fuera secretario general de Justicia entre 2008 y 2014.
Al magistrado Izquierdo le es aplicable la rigorista doctrina que excluyó del caso Gürtel a los magistrados de la Audiencia Nacional Enrique López y Concepción Espejel, con una diferencia: el nombramiento de Izquierdo fue a dedo por cargos políticos y los de López y Espejel para el Consejo General del Poder Judicial, por el Parlamento nacional conforme al procedimiento establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La imparcialidad judicial, para todos. Por eso, el magistrado Pedro Izquierdo debe abstenerse de juzgar a Chaves y Griñán, y si no lo hace la Fiscalía debería recusarlo. No cabe prejuzgar que Izquierdo vaya a dictar una sentencia injusta, pero la imparcialidad de un juez no se mide por el contenido de una futura resolución, sino por el nivel de garantías que ofrece a los que van a participar en el proceso como acusados o acusadores. Izquierdo no acredita esa garantía de imparcialidad.
Los casos de corrupción en la Junta de Andalucía están sorteando toda clase de adversidades desde que la administración autonómica decidiera torpedear la investigación de la juez Alaya, a la que incluso planteó un conflicto jurisdiccional por las actas de las reuniones de los gobiernos presididos por Chaves y Griñán.
La confianza en la Justicia no debe ser ciega, sino respetuosa, leal y vigilante. Y lo que está pasando con el caso de los ERE falsos de Andalucía es una sucesión de indicios sospechosos.
