Una auditoría destapa otra vía de financiación ilegal de Convergència

El vodevil separatista catalán llega al Tribunal Supremo

El independentismo se ha convertido en una ceguera moral de un amplio sector de la sociedad catalana ante la degradación de valores democráticos básicos

El vodevil separatista catalán llega al Tribunal Supremo
Artur Mas (C) con Francesc Homs (D). EP

Este lunes 27 de febrero de 2017 comienza en la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) el juicio contra Francesc Homs, aforado ante el Alto Tribunal por su condición de diputado en el Congreso y acusado por el Ministerio Fiscal por los delitos de prevaricación y desobediencia cometidos al participar en la organización del 9-N.

Mas y dos exconsejeras de la Generalitat esperan sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por los mismos delitos, lo que entraña un riesgo de resoluciones contradictorias, que, en todo caso, siempre resolverá en última instancia la Sala Segunda del TS.

No sería extraño que los magistrados del TSJ catalán esperaran a conocer la valoración del Alto Tribunal sobre la responsabilidad de Homs, la primera decisión penal sobre responsabilidades individuales que el Supremo debe tomar -ahí radica su extraordinaria importancia- en relación con el proceso separatista catalán.

El juicio a Homs ha provocado la reacción victimista habitual en el nacionalismo catalán, que recibe la aplicación de la ley en condiciones de igualdad como una agresión del Estado a la libertad política de los catalanes y a su derecho a votar.

Esta quiebra ética del pensamiento nacionalista es una dificultad insalvable para cualquier «operación diálogo» entre el Gobierno central y la Generalitat, porque impide a los nacionalistas un planteamiento racional de los problemas.

La presión a las instituciones judiciales y el acoso directo a las personas que las encarnan se han convertido en las expresiones habituales de los nacionalistas catalanes cada vez que el Estado funciona y hace lo que tiene que hacer.

Y ese desorden ético provoca una inversión de valores que lleva a la opinión publicada en Cataluña a clamar contra el Estado por los juicios contra posibles prevaricadores y sediciosos, mientras calla ante las evidencias de la corrupción cometida por el partido de Pujol, Mas y Homs.

El último informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre la financiación ilegal de Convergència Democrática de Cataluña describe la estructura de pagos y cobros de comisiones ilegales -el famoso «3 por ciento» que espetó Maragall a Artur Mas en el Parlamento catalán- a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública.

La convocatoria de una consulta separatista es el efecto y no la causa de este estado previo de desprecio por la ley y la ética pública en la clase nacionalista catalana.

El independentismo se ha convertido en una ceguera moral de un amplio sector de la sociedad catalana ante la degradación de valores democráticos básicos, como el respeto a la ley y la honradez de sus dirigentes públicos y privados.

Si sobre este deterioro de principios se pretende construir la independencia de Cataluña, los catalanes ya no están ante el dilema de seguir o no en España, sino de mantenerse en un Estado de Derecho o de legitimar una mafia.

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