Los partidos independentistas del Parlamento de Cataluña han vuelto a mostar su cara más sombría al aprobar una moción que atenta directamente contra la libertad de expresión de los medios de esa comunidad autónoma.
Junts pel Sí y Catalunya Sí que es Pot apoyaron este 29 de junio de 2017 una moción de la CUP en la que se insta al Govern a que condicione las ayudas públicas que concede a los medios de comunicación privados a que éstos «acepten la publicidad institucional» de la Generalitat para dar a conocer a todos los catalanes todo lo relativo a la organización del referéndum ilegal anunciado para el 1 de octubre.
Siempre nos hemos opuesto a esas ayudas públicas que, con el pretexto del apoyo al uso del catalán, pueden suponer una intromisión en la independencia de los medios.
Pero mucho menos sentido tiene aún condicionar la recepción de ese dinero al apoyo explícito a la difusión de un referéndum separatista (El Parlamento catalán veta para las subvenciones a los medios que no publiciten el referéndum ilegal).
En primer lugar, precisamente porque la consulta es inconstitucional y no se puede hacer partícipes a las empresas periodísticas de la difusión de publicidad para actos ilegales.
Después, porque el Parlament -y el Govern si, como es previsible, pone en marcha la moción aprobada ayer- vuelven a hacer gala de esa mentalidad totalitaria al obligar a los medios a acatar el pensamiento oficial si quieren recibir las ayudas de la Generalitat, que se convierten así en un chantaje puro y duro.
Aunque, desgraciadamente, no será la primera vez que se manifiesta ese chantaje.
Hay que recordar aquel editorial conjunto y vergonzante del 26 de noviembre de 2009 con el que la inmensa mayoría de los medios catalanes -los mismos que recibían las ayudas de la Generalitat- exigió al Tribunal Constitucional una sentencia sobre el Estatuto de Autonomía favorable a los intereses de la Generalitat.
