Resulta inadmisible que apenas una decena de activistas logren cortar una autopista, que se altere el orden en Sants, que se bloquee el AVE o que se permitan altercados en la frontera con Francia
Sólo desde la temeridad y el adanismo se puede entender que las fuerzas políticas y las entidades sociales independentistas consideren un éxito la huelga de ayer en Cataluña. Lejos de los efectos logrados en el pasado, el paro convocado por el sindicato separatista CSC –donde milita el asesino del empresario Bultó- registró un seguimiento mínimo y residual.
Tan solo se dejó sentir en los transportes, aunque ello causó un gravísimo perjuicio de movilidad para los ciudadanos.
La huelga fue un chantaje -uno más- del soberanismo, obsesionado con reactivar el clima de agitación social que precedió a la declaración unilateral de independencia, anulada ayer por el TC por considerarla un «grave atentado al Estado de derecho».
La escasa incidencia del paro no resta importancia al hecho de que se trataba de la primera movilización tras la aplicación del artículo 155.
El control de la seguridad, por tanto, correspondía al Estado. Y aunque se entiende el temor del Gobierno a que se reproduzcan imágenes como las del 1-O, las algaradas promovidas por el separatismo perjudicaron a muchos ciudadanos que no pudieran hacer uso de los servicios públicos y a miles de trabajadores, autónomos y pequeños empresarios.
Se trata de un irresponsable y peligroso intento de incendiar la calle, que se suma al daño provocado por el doble veto a los productos catalanes que ya registra el mercado: mientras los independentistas castigan a las empresas que han abandonado suelo catalán, el 23% de los españoles de fuera de Cataluña ha dejado de consumir productos fabricados en esta comunidad.
En este contexto, resulta inadmisible que apenas una decena de activistas logren cortar una autopista, que se altere el orden en Sants, que se bloquee el AVE o que se permitan altercados en la frontera con Francia.
Los independentistas fracasaron en su objetivo de «parar» Cataluña, pero los fallos en la seguridad en una jornada clave revelan la mojigatería del Estado justo cuando no caben titubeos, y sientan un peligroso precedente de aquí al 21-D. Rajoy se comprometió a ejecutar con prudencia las medidas previstas al amparo del 155. Y el propio Gobierno se aferró ayer en el Parlamento al cumplimiento de la ley para justificar su relevante decisión.
Por eso mismo no se comprende que el Ejecutivo, que con el respaldo de PSOE y Cs intervino la Generalitat, se muestre ahora tan timorato. No basta con convocar elecciones ni con relevar al mayor de los Mossos.
La garantía de los derechos y libertades de todos los catalanes exige una actuación determinante en aras de la restitución completa del orden legal en Cataluña.
Con esta desfachatez ayudan los mossos a los piquetes de la huelga independentista
