EN el año y medio que va de legislatura, y sobre todo a iniciativa de Podemos y Ciudadanos, el Congreso de los Diputados ha puesto en marcha veinte nuevos órganos: cuatro nuevas comisiones permanentes, tres comisiones de investigación, nueve subcomisiones y cuatro ponencias, de las que solo dos han acabado sus trabajos.
Ahora mismo hay casi cincuenta órganos parlamentarios en funcionamiento al margen del Pleno. Y eso sin tener en cuenta que hasta hay lista de espera: existen cuatro comisiones pendientes de constitución (dos de ellas de investigación para los accidentes del Alvia y Spanair) y 33 solicitudes pendientes de tramitación para la creación de 17 comisiones (16 de investigación), 24 subcomisiones y dos comisiones mixtas.
Toda esta superproducción de comisiones, ponencias o subcomisiones -que la mayoría de las veces no buscan aclarar o investigar políticamente nada sino erosionar al rival político- están taponando la función legislativa que, según reconoce el sentido común y la propia Cámara debería ser el principal de sus cometidos constitucionales. En 2017 solo se aprobaron trece leyes.
Esta masificación de órganos nuevos, que por otra parte está reventando los medios materiales y humanos (salas, letrados, taquígrafos y diputados) con los que cuenta el Congreso para su funcionamiento, parece solo orientada a la refriega partidista y revela el escasísimo interés de ciertos partidos (sobre todo aquellos que se ufanan de ser la «nueva política») por mejorar el corpus legislativo que gobierna a los españoles.
Si el interés de Podemos por empantanar la arena es entendible en su pulsión «antisistémica», la perplejidad llega con Ciudadanos, que es el socio de legislatura del PP y parece que se entretiene más en cebar sus expectativas electorales que en procurar mejores leyes para los ciudadanos.
