LOS llamados Comités de Defensa de la República catalana (CDR), ya investigados por la Fiscalía, no son pacíficos grupos de ciudadanos, movilizados bajo criterios de libertad de expresión en favor de los procesados por el golpe de Estado del 1-O. Muy al contrario, se han convertido en organizadas guerrillas urbanas especializadas en alterar el orden público con acciones violentas.
La operación retorno de Semana Santa se ha visto alterada en Cataluña en las últimas 48 horas por auténticas bandas de delincuentes que han asaltado diversas autopistas y levantado las barreras de peaje.
La Fiscalía anunció ayer que estudia actuar contra estos grupos por posibles delitos de rebelión y malversación. La provocación al Estado es su seña de identidad, y aunque es razonable que las Fuerzas de Seguridad pretendan no caer en la trampa de generar estampas de violencia policial para alimentar más aún el victimismo y la propaganda del secesionismo, no tiene ninguna lógica que servicios esenciales para el ciudadano dejen de funcionar por una protesta de esas características. La pasividad de los Mossos es intolerable.
En España no hay «presos políticos», sino individuos procesados por vulnerar el Código Penal rebelándose contra el Estado y contra la unidad de la nación. A partir de ahí, cualquier acto violento contra la réplica del Estado al golpismo debe ser impedido a toda costa.
Si la aplicación del artículo 155 de la Constitución sigue vigente, como así es, la intervención de los Mossos a manos del Ministerio del Interior debe ser real, y no una mera impostura.
Permitir que los CDR prendan en Cataluña la incipiente mecha de un estallido social es muy peligroso. Es cierto que quieren provocar escenas de cargas policiales para denunciar que España no es una democracia, sino un Estado «represor» en el que no se puede ejercer legítimamente la política.
La falsedad del argumento es evidente. Pero es nefasta la percepción de que los Mossos no solo son cómplices del independentismo, sino que además no se someten a los criterios elementales de respeto del orden público que deben establecerse desde Interior.
El golpe se ha conjurado, es cierto. Y sus responsables van a ser juzgados, más allá de que algunos permanezcan huidos. Dar bazas para que los CDR y organizaciones como la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) resuciten un clima de violencia social no va a resolver nada. Solo va a ahondar en la profunda brecha que se ha abierto en la sociedad catalana porque el Estado no puede ceder.
Es incierto pronosticar si Cataluña se encamina hacia nuevas elecciones o hacia un Gobierno «limpio». Lo que no puede producirse en ningún caso es la perpetuación de un ambiente enrarecido, casi guerracivilista y de odio sistemático entre catalanes. Esa es la pretensión de los CDR y de los líderes que, lejos de apaciguar los conatos de convulsión en las calles, los alientan.
