En el juicio del caso ERE, este 11 de abril de 2018 le tocó el turno a José Antonio Griñán, cuya declaración no pudo resultar más decepcionante.
Los hechos son tozudos y en realidad fáciles de resumir: en una década, entre 2001 y 2010, el Gobierno andaluz repartió más de 741 millones de euros de forma arbitraria y eludiendo los controles legales a través de un «procedimiento específico» con el objetivo político de alimentar el clientelismo que contribuye a mantener al PSOE en la Junta desde hace cuatro décadas.
Por eso 22 ex altos cargos se sientan en el banquillo por prevaricación y malversación. Entre ellos dos presidentes de Andalucía que además presidieron el PSOE.
Griñán fue también consejero de Hacienda. Por eso no se sostiene el inverosímil desconocimiento del fraude sistémico por el que fluía masivamente el dinero público hasta los beneficiarios.
Una docena de informes del interventor advirtieron de la irregularidad. Griñán insiste en que sus subordinados «nunca» le informaron, y considera «insignificante» la partida que camuflaba el fondo de reptiles -la 31L- para justificar su ignorancia, en la que no creen ni el Supremo ni el juez de instrucción ni la Fiscalía.
De ahí que se enfrente a una pena de seis años de prisión y 30 de inhabilitación. Sigue pendiente la regeneración profunda del socialismo andaluz.
