La mayor prueba de esta inconcreción es que en el propio seno del Gobierno conviven dos ministros con posiciones muy diferentes sobre el problema catalán, como es el caso de Batet y Josep Borrell
Es un mal congénito, que alcanzó gravedad extrema en tiempo del inefable Zapatero y que ha terminado convirtiendo al PSOE en cualquier cosa menos obrero y español (El secreto sobre Meritxell Batet que destapa Rosa Díez hunde en las cloacas a la nueva ministra).
Pedro Sánchez, el nuevo presidente de diseño y censura, filtró primero el nombramiento de Borrell para disimular, distraer y sobre todo quedar bien con las miles de personas que se atrevieron a salir a la calle a parar el golpe de octubre en Cataluña.
El ministro de Asuntos Exteriores fue un héroe de la resistencia, civil y democrática. Y el jefe de Gobierno más guapo de la Unión Europea nos lanzó para empezar un señuelo jacobino y europeísta al nombrar a un liberal a fuer que socialista como primer estandarte al frente de la representación de España en el mundo.
Mientras le dábamos la razón y un aplauso, maquinaba con Miquel Iceta, el fontanero mayor del socialismo más nacionalista, el acercamiento a Torra, que de repente ya no es el Le Pen español, sino el tipo con el que hay que hablar porque el diálogo es marketing en sí mismo.
El nombramiento de Meritxell Batet -su apellido es paradójicamente el de un héroe de la democracia frente al golpe independentista de 1934- encendió las alarmas. Incluso los más tiernos y bizcochables catalanistas se han tragado el anzuelo.
Batet, la nueva ministra del Gobierno bonito, encargada de los territorios autonómicos, ha empezado el mandado reabriendo la caja de los truenos con una reforma de la Constitución que incluya un poder judicial catalán eliminado en 2010 por el Tribunal Constitucional para evitar que la corrupción y el golpismo quedaran a salvo de la jurisdicción española.
El ultra Torra va a ser blanqueado para que pase el arco de seguridad de La Moncloa y no pite como en los aeropuertos cuando el pasajero se le olvida un puñado de monedas en el bolsillo.
Sánchez ha pasado de acordar con Rajoy mantener el control de las finanzas sin el 155 a dar carta blanca al gasto de quienes están dispuestos a montar una república apoyándose en grupos callejeros copiados de Batasuna.
Sánchez, Iceta y Batet han tardado solo unas horas en devolver el favor al independentismo catalán por los votos prestados en el impeachment a Rajoy.
El Gobierno socialista de no solo ha comenzado su andadura apostando por un «diálogo» con la Generalitat que, hasta el agotamiento, ya intentó Mariano Rajoy.
A pesar de que los separatistas no renuncian a su procés, el nuevo Ejecutivo socialista plantea incluso la necesidad de reformar la Constitución para tratar de satisfacer de forma indisimulada las demandas del independentismo (Meritxell Batet ve ‘con buenos ojos’ que el Gobierno Sánchez traslade a Cataluña a los golpistas presos).
La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, defendió este 9 de junio de 2018 -además de la estulticia de trasladar a Oriol Junqueras y los golpistas presos a c´racees catalanas- una modificación de la Carta Magna -«urgente, viable y deseable»- para avanzar hacia un modelo federal y, de este modo, sin más, solventar la crisis de Cataluña.
La miopía del PSOE sobre esta materia no puede ser mayor. Basta observar la positiva reacción que ha generado esta propuesta en Quim Torra para comprobar que dicha reforma no es más que una trampa para enmascarar una cesión del Estado de Derecho.
En primer lugar, resulta chocante, cuando no irresponsable, que el Ejecutivo anuncie una iniciativa de semejante calado sin tan siquiera articular un contenido sobre el que poder discutir.
Los socialistas llevan años hablando de cambiar el modelo territorial, pero son incapaces de definir en qué consistiría esa modificación.
La mayor prueba de esta inconcreción es que en el propio seno del Gobierno conviven dos ministros con posiciones muy diferentes sobre el problema catalán, como es el caso de Batet y Josep Borrell.
Además, el PSOE peca de improvisación, ya que no existe el quorum necesario, ni parlamentario ni social, para abordar dicha reforma.
Y ello sin contar que los independentistas no se contentarán con este cambio legal, ya que su objetivo, como ayer recordó el propio Torra, es otro.
El origen de esta crisis no radica en una Constitución que funciona, sino en unos políticos que se saltan la ley para tratar de imponer su particular utopía a los demás.
