La Fiscalía archivó en 2016 una denuncia sobre irregularidades en Imelsa que implicaba a Jorge Rodríguez
La corrupción cambia de siglas, pero no de acera. Imelsa, la misma empresa que puso en jaque al PP de Valencia por su gestión corrupta, ahora lleva el escándalo a las filas del Partido Socialista.
Como dice el editorial de Okdiario, uando el delito se apropia de la política, cambiarla de nombre -desde 2015 se llama Divalterra– no sirve de nada. El presidente de la Diputación valenciana, Jorge Rodríguez, ya ha sido detenido por corrupción La Policía detiene por corrupción al socialista Rodríguez, presidente de la Diputación de Valencia().
Está acusado de enchufar a siete militantes del PSOE y Compromís con cargos y sueldos de alta dirección. Tanto Puig como Oltra hicieron casus belli de las ilegalidades del PP en la Comunidad.
Pidieron dimisiones y se presentaron como adalides de la ejemplaridad. ¿Qué harán ahora? La corrupción es mala siempre, ya sea de PP, PSOE, Ciudadanos o Podemos. No hay corrupción de primera o de segunda, tolerable o intolerable.
De ahí que la coherencia en política se demuestre cuando la vara de medir es igual para todos. Extrapolado a nivel nacional, Pedro Sánchez basó su moción de censura contra Mariano Rajoy en una etapa corrupta del PP que nada tenía que ver con el expresidente.
Llegó a decir que «debilitaba la democracia y la calidad institucional». Ahora, por tanto, el partido que ostenta el Gobierno debería ser inflexible, pues la tabula rasa no puede tener distinta aplicación dependiendo de si es propia o ajena.
Si los socialistas y filoindependentistas de Compromís aplaudían cuando el caso Taula provocó la detención del popular Alfonso Rus, ahora deberían ser, cuanto menos, igual de expeditivos. Sin embargo, se limitan a pedir «prudencia y cautela», que es igual que tratar de mirar hacia otro lado.
Tanto el PSOE como Compromís han puesto tan alto el listón de exigencia ante los casos de corrupción que ahora tendrán que responder de manera clara y definitiva si quieren mantener cualquier atisbo de credibilidad.
Especialmente cuando se sabe que tanto la Diputación como Divalterra -anterior Imelsa- habrían sido utilizadas por Jorge Rodríguez como plataforma de contratación para consolidar su poder orgánico dentro del PSOE valenciano.
A Pedro Sánchez no dejan de aparecerle piedras en el zapato. Amén de las que él se busca con las intolerables concesiones a independentistas vascos y catalanes, están los problemas internos. Primero con la dimisión del ministro de Cultura, Màxim Huerta.
Ahora, con la detención de Rodríguez. Este último caso en particular exige una respuesta del presidente. Todo lo demás ahondaría en las dudas que se ciernen sobre su legitimidad para gobernar España.
