«No hay ningún pacto oculto, Sánchez no ha tenido que pagar ningún precio para ser presidente».
Ésta es la frase que la mayoritaria izquierda podemita mediática, ahora pasada con armas y bagajes al sanchismo, ha repetido cual letanía cada vez que alguien hablaba de los peajes en la sombra que su nuevo caudillo ha tenido que abonar para echar a Rajoy y okupar Moncloa.
Pues ese peaje, clamoroso en RTVE como acabamos de ver, se extiende a muchos otros campos.
Podemos pretende ahora saltar al control de las empresas públicas. No le vale con la ingeniería social a través de los medios de comunicación. Ahora quiere extender sus manos en el sector público español, un área especialmente delicada en la que el Estado se encontraba -hasta ahora- de salida y que ellos pretenden convertir en su lanzadera económica, de enchufes, y, cuidado, de influencia en compañías, por ejemplo del sector militar.
Porque, por ejemplo, quizá considere que ese incalculable pozo de sabiduría empresarial que es Pablo Echenique -el que ha tenido un empleado doméstico y lo mantuvo en negro y sin contrato- puede ser el mejor gestor de una empresa como Indra en lugar de Fernando Abril-Martorell, uno de los ejecutivos más brillantes del sector empresarial español. O quizá se planteen que Tania Sánchez sería la presidenta ideal de AENA
O porque ha debido pensar que un destacado y prestigioso financiero como Juan Carlos Monedero -el que se inventó un estudio sobre una moneda única para los países populistas, sin escribirlo ni tener rozado en su vida ni un libro sobre política monetaria- es el mejor estandarte para liderar la privatización de Bankia e intentar recuperar los cerca de 9.000 millones de euros que nos jugamos aún allí todos los españoles.
Quizá también ha debido pensar que lo mejor para gestionar nuestros intereses en Navantia, Hunosa o Correos son gloriosos y afamados currícula empresariales como los de María Teresa Fernández, condenada por malversación; José Oliver, por tráfico de drogas; Rosa y Paloma Agudo, por delito de insolvencia punible; Ramón Galindo, detenido por posesión de cocaína; Elvira García, expulsada del partido y condenada por dejar de pagar el alquiler de su vivienda social; Josetxo Arrieta, ex miembro de ETA; José Bail, condenado por agredir a la Guardia Civil; o, por supuesto, Andrés Bódalo, que agredió a un concejal del PSOE, o Diego Cañamero, condenado por desobediencia grave.
Que políticos con este historial puedan tener poder de decisión en las principales empresas públicas es un disparate. Con su bagaje no podrían aspirar ni al puesto de bedel.
