El «efecto llamada» es una evidencia basada en datos, porque las mafias que se lucran con la desesperación de miles de seres humanos acuden allí donde la política se convierte en un permanente ejercicio de buenismo artificial.
Por eso, confundir el necesario criterio humanitario con la falta de una política migratoria seria y rigurosa, basada en las tesis comunes que trata de adoptar la UE, resulta insensato.
España por sí sola, por más que se empecine el populismo de la izquierda, no va a resolver un problema que supera con creces sus capacidades. Para adaptarse a una política migratoria solvente hacen falta principios y valores, sí, pero también respetar el ordenamiento jurídico, conocer la capacidad real de cada país para asumir bolsas ingentes de personas y no incurrir en el error de garantizar asilo o refugio a quienes carecen de derechos para ello.
Tampoco es lógico presentar a España como un paraíso para la inmigración con «papeles para todos», porque las mafias nos tomarán la palabra, multiplicando perversamente un problema que no se resuelve con Aquarius puntuales ni demagogia por toneladas.
Los datos objetivos son reveladores. En lo que va de año, España ya adelanta a Italia en número de inmigrantes recibidos, 18.016 frente a 17.827, y el Estrecho se ha convertido en la vía de entrada del 35 por ciento del total del tráfico de seres humanos por el mar Mediterráneo.
En los últimos quince días, accedieron a nuestras costas casi 3.000 inmigrantes, frente a los 1.250 que llegaron a Italia. Y si nos retrotraemos a los últimos 45 días, la entrada en España fue de 9.866 inmigrantes, lo que establece una media de 220 diarios.
España no puede responder a este fenómeno con la intransigencia italiana y de otros países, pero tampoco con la ingenuidad de quien sostiene que debe acogerse a todo el que llegue, sean cuales sean sus circunstancias migratorias.
Frente a muchos otros países, España se ha comportado en los últimos años de modo ejemplar, toda vez que a día de hoy hay más de dos millones de extranjeros afiliados a la Seguridad Social, un dato demostrativo de que una inmigración regulada contribuye de modo activo, útil y necesario a combatir las ínfimas tasas de natalidad de nuestro país.
Sin embargo, alentar campañas de imagen repartiendo tarjetas sanitarias sin control, o acogiendo a los rechazados de Italia -ignorando, por ejemplo, a quienes se juegan la vida saltando las vallas de Ceuta o Melilla para luego ser expulsados- es un ejercicio de cinismo.
Como bien saben los países del centro y del sur del continente, la inmigración es un conflicto profundo que afecta a toda Europa y que toda Europa debe resolver de forma solidaria y pactada. No bastan los parches, por bienintencionados que sean.
