Gracias a la determinación del Tribunal Supremo, España no será víctima de este despropósito
Es de Oscar Spengler esa tremenda frase según la cual «siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización».
Está vez, sin embargo, no son los guerreros, sino los jueces quienes acuden al rescate (El juez Llarena ‘condena’ al golpista Puigdemont a 20 años de destierro para no favorecerle con la rebaja alemana ).
La decisión del magistrado Pablo Llarena de renunciar a la entrega del golpista Carles Puigdemont solo por el delito de malversación y de revocar las órdenes europeas de detención y entrega de los demás prófugos es la mejor manera de proteger la dignidad del Estado y la soberanía de su poder judicial.
Los jueces alemanes que no vieron delito de rebelión en la conducta de Puigdemont no merecen el reconocimiento de aceptar su arbitraria decisión, que supondría, además, mutilar la autoridad del Tribunal Supremo para juzgar libre e independientemente todos los hechos con apariencia de delito cometidos durante el «procés».
La cooperación europea plasmada en la euroorden es incompatible con la resolución alemana.
Los jueces de Schleswig-Holstein han irrumpido en espacios reservados a la futura sentencia que sólo corresponde dictar al Supremo español, se han permitido juzgar intenciones, alterar el relato histórico facilitado por Llarena, medir el grado tolerable de violencia y faltar a la verdad al afirmar que los hechos comunicados por el magistrado español no serían delito en Alemania.
Es una decisión impropia de una Justicia que debía sentirse concernida por la protección recíproca de la estabilidad constitucional de los Estados miembros y por los compromisos institucionales que justifican la orden europea de detención y entrega.
Llarena también acierta al descartar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para la que no ve legitimado al Supremo español y a la que debería haber acudido el tribunal alemán, cuyos jueces no se han conformado con usurpar la función de sus colegas españoles, sino que, además, han hecho lo mismo con el Tribunal europeo, reinterpretando la normativa de la orden europea de detención y entrega en contra de su espíritu y de su finalidad. La reacción de Llarena también alcanza a las órdenes europeas pendientes en Bélgica y Escocia.
La Fiscalía belga ya anunció que no apoyaba la entrega de los prófugos Comí, Puig y Serret porque España no había emitido contra ellos órdenes nacionales de detención. Este argumento es falso, como se encarga Llarena de demostrar, pero anticipaba un fallo en contra del Supremo español que produciría un efecto tan inadmisible como el de la impunidad de Puigdemont.
La consecuencia de las decisiones de Llarena es que España mantiene intacta su potestad para juzgar todos los delitos cometidos por los dirigentes separatistas contra el orden constitucional y la unidad nacional. Los prófugos saben que si vuelven a España serán detenidos y juzgados de forma plena, sin rebajas ni descuentos.
Mientras tanto, el proyecto de un espacio judicial penal común para la Unión Europea ha quedado en papel mojado.
Gracias a la determinación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, España no será víctima de este despropósito.
