Las Fuerzas de Seguridad exigen más personal y medios para afrontar una crisis migratoria que no da tregua
Se dedican a tocar el violón. Uno a irse de concierto a cuenta del contribuyente y en avión oficial. El otro, el ministro Fernando Grande Marlaska sobre el que tantas esperanzas había depositadas, ni está ni comparece.
Casi dos meses después de llegar a La Moncloa, Pedro Sánchez ha podido comprobar que su política migratoria, improvisada y sostenida sobre la demagogia, es un fracaso que compromete la seguridad fronteriza de España.
La bienvenida al buque Aquarius, amplificada ante la opinión pública internacional como una exhibición de buenismo progresista, contribuyó a un aumento sustancial del número de inmigrantes irregulares arribados a costas españolas.
El bloqueo de los puertos de Italia ha agravado el problema, pero sería pueril culpar al ministro del Interior de ese país, Matteo Salvini, de las consecuencias provocadas por los equívocos mensajes del Gobierno de Sánchez.
Entre el «Bienvenidos a vuestra casa», dirigido a los inmigrantes del Aquarius, y el más que precipitado anuncio de que se iban a suprimir las concertinas en la vallas de Ceuta y Melilla, el Ejecutivo sembró la confusión necesaria para que las mafias del tráfico de personas vieran de nuevo a España como un inmenso puerto franco.
También para que alguno de nuestros aliados en el control de la inmigración ilegal haya relajado la vigilancia.
El brutal asalto de más de seiscientos inmigrantes subsaharianos a la valla de Ceuta marcó ayer un hito en la dinámica del problema. Los asaltantes utilizaron cal viva, heces y lanzallamas caseros contra la Guardia Civil.
Veintidós agentes han resultado heridos, cuatro de ellos con quemaduras importantes.
La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) señala que ya advirtieron de que el anuncio del ministro del Interior de la retirada de las concertinas de las fronteras de Ceuta y Melilla «iba a traer problemas de seguridad» sin que se pusieran en marcha medidas adicionales como un aumento de la plantilla y más material antidisturbios y de autoprotección.
Se pregunta la AEGC :
«Dónde quedan los derechos y la seguridad de los guardias civiles y critica la improvisación con la que se actúa en estos asuntos de seguridad».
Las brigadas de ONG, siempre dispuestas a querellarse contra las cuerpos policiales del Estado, callan ante esta agresión masiva perpetrada por hombres jóvenes, en buen estado de salud y sin miramientos para enfrentarse a la autoridad.
Superada la valla y desbordados los agentes, los inmigrantes celebraron por las calles de Ceuta su éxito.
Entrar en España ilegalmente se festeja a plena luz del día. Con este episodio, el Gobierno ve roto el espejismo del Aquarius y cómo la Unión Europea perdona a Italia lo que carga sobre España.
Nadie debe llamarse a engaño: la retórica progresista de fronteras abiertas tiene este coste. Los servicios de acogida a inmigrantes están desbordados en el sur de España.
Desde el 1 de enero y hasta el 15 de julio, 6.296 migrantes han sido rescatados en la provincia de Cádiz, la mayoría entre Tarifa y Algeciras. Un dato que ya se queda antiguo puesto que, sólo en los últimos días, hay que sumar un millar.
Un escenario que está provocando el colapso de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), centros de acogida de menores, comisarías de Policía Nacional y también que el Ayuntamiento de Algeciras habilite polideportivos para prestar ayuda humanitaria.
El alcalde de la ciudad y senador del PP, José Ignacio Landaluce, clama ante una situación «alarmante» que irá a más:
«Estamos ante un escenario que es imprevisible, ya que dependemos de las decisiones que adopten las mafias de la inmigración ilegal y eso desborda tanto en cantidad como en tipología de inmigrantes… Nos estamos convirtiendo en la nueva Lampedusa».».
Los rescatados en alta mar se hacinan en barcos o centros saturados y su número es tal que hará inútil cualquier intento por ordenar administrativamente su situación. Los centros de internamiento están llenos y no es una opción admisible acumular personas sin garantizar un trato digno.
España no debe renunciar a salvar vidas ni a comportarse como un país generoso y solidario, pero el problema no es este.
El problema es que un país que no protege sus fronteras y premia la inmigración ilegal está sembrando un futuro de riesgos para la convivencia social y política. Y la Europa de los populismos xenófobos lo acredita.
