ANÁLISIS

Lo que pretende Pedro Sánchez en Cataluña es un fraude, una felonía y una traición a los españoles

El Gobierno de Sánchez pretende poner en marcha una reforma estatutaria para ser aprobada por el Congreso y votada en una consulta por los catalanes

Lo que pretende Pedro Sánchez en Cataluña es un fraude, una felonía y una traición a los españoles
El independentista Quim Torra y el socialista Pedro Sánchez. EP

EL socialista que tenemos como presidente del Gobierno debería haber aprendido ya que las medias tintas con Cataluña solo abocan a perpetuar los abusos del independentismo.

Dialogar con quienes no quieren pactar nada que no sea la ruptura de España no tiene sentido. Sánchez ofrece una imagen de sumisión institucional en busca de soluciones que solo sirven para envalentonar al separatismo y convertir los próximos meses en una reedición del chantaje golpista.

Por eso el Gobierno debería poner fin con urgencia a su política de permisividad, cesiones y confusión respecto a Cataluña. Ayer Sánchez sostuvo que cualquier solución solo llegará «a través de una votación».

El Gobierno socialista pretende poner en marcha una reforma estatutaria para ser aprobada por el Congreso y votada en una consulta por los catalanes. No sería, matizó el jefe del Ejecutivo, un referéndum sobre autodeterminación ni sobre independencia, sino sobre «autogobierno».

Es lógico porque lo primero sería ilegal, y autorizarlo implicaría prevaricar. Lo segundo no deja de ser un eufemismo retórico condenado al fracaso. Sánchez sigue improvisando de manera irresponsable en un conflicto que si debe huir de algo es precisamente de improvisaciones y soluciones mágicas.

Para empezar, el separatismo en bloque ya advirtió de que reabrir la «vía autonomista» no servirá de nada, porque no reclama autogobierno, sino independencia materializada en una república catalana.

Además, todos los gestos del Gobierno en esa dirección -la convocatoria de la comisión bilateral del Estado con Cataluña o los privilegios en materia fiscal y financiera- han sido despreciados por la Generalitat.

Sánchez sabe que no hay tiempo de negociar una reforma del Estatuto y que la ruptura de los partidos constitucionalistas en el Parlament y en el Congreso sería irreversible. El separatismo incluiría preceptos abiertamente inconstitucionales, y se forzaría al TC a tumbarlos antes de cualquier referéndum.

La fallida experiencia impulsada por Zapatero en 2006 no fue sino el germen de la fractura que se ha producido ahora en Cataluña. La Constitución, la unidad de España, no pueden derogarse por la vía de los hechos consumados. El artículo 155 de la Constitución es, como dice Sánchez, un «instrumento legítimo» para devolver a Cataluña a la senda constitucional.

No debe renunciar a su aplicación porque no hay indicios de que Torra vaya a recular asumiendo ahora una reforma estatutaria que es un brindis al sol. Es un insulto desafiar al Estado exigiendo que, antes de dialogar, la Fiscalía retire las acusaciones a los políticos presos.

Sánchez no debe explorar ningún camino sobre la base previa de una cesión al mismo chantaje de siempre. Y menos con sucedáneos de consultas ilegales que tomen a los españoles como rehenes. Una reforma estatutaria no debería ser la coartada para un fraude, ni para una felonía.

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