Las alarmas se encendieron este 22 de septiembre de 2018 cuando Teresa Cunillera aprovechó una entrevista en Catalunya Ràdio para pronunciar la palabra que el separatismo lleva tiempo esperando: indulto (Estas son las palabras que TVE ha censurado a Casado cuando criticaba el indulto a los golpistas propuesto por Cunillera).
«Si se pide (el indulto), soy partidaria, claro».
No hablaba un opinador cualquiera ni un concejal remoto, sino la delegada del Gobierno en Cataluña. El enlace de Pedro Sánchez con la Generalitat (Teresa Cunillera, delegada del Gobierno Sánchez en Cataluña, partidaria del indulto a los golpistas presos).
Y lo hizo conociendo los efectos de tamaña declaración, que luego intentó paliar asegurando que se trataba de «futuribles» (Teresa Cunillera, delegada del Gobierno Sánchez en Cataluña, votó en el Congreso a favor de un referéndum separatista).
Por eso ha de ser desautorizada de inmediato. Un alto cargo no puede ampararse en la postura personal, del mismo modo que Borrell no puede aspirar a ser interpretado como un particular en vez de como el ministro de Exteriores de España cuando responde a un periodista de la BBC que él preferiría que los políticos presos estuvieran en libertad (A Borrell se le va la olla: «Cataluña es una nación y prefiero a los independentistas presos en libertad condicional»).
La misma doctrina, por cierto, que ha sostenido otra ministra Meritxell Batet, en cuya boca puso esta semana Ernest Maragall la promesa de dar instrucciones a la Fiscalía para retirar o rebajar los cargos, condición que puso Tardà para respaldar unos Presupuestos (El xenófobo Torra le mea encima y Pedro Sánchez insiste en que sólo llueve).
Maragall, forzado por Batet, desmintió tan grave imputación. Pero es innegable que todo este ruido contribuye a crear un caldo de cultivo, un estado de opinión favorable a la consumación de la impunidad judicial por conveniencia política.
Y no hay que olvidar la voz pionera de esta estrategia socialista: la de Miquel Iceta durante la campaña electoral. Los catalanes en las urnas castigaron su apelación al indulto, que blanqueaba el golpe de Estado que se acababa de producir.
Son demasiadas manifestaciones procedentes del entorno mismo del Gobierno como para atribuirlas a la casualidad o a la opinión aislada. Tomadas en conjunto, más bien adquieren los contornos nítidos de un plan inescrupuloso a medio plazo para retener el poder con el apoyo de los independentistas a costa de la degradación del Estado de derecho.
Si ya es cuestionable la pervivencia de la figura del indulto, una reminiscencia arbitraria de tiempos pretéritos que permite cada semana anular de facto las sentencias del Poder Judicial por decisión política del Consejo de Ministros, proponerla como solución al conflicto catalán no solo humilla a la democracia española sino que despeja el camino a la secesión de Cataluña.
Porque fueron sobre todo los jueces y los fiscales, en unión con el Rey Felipe y los políticos constitucionalistas, los que contuvieron legalmente la arremetida contra el orden constitucional del que se cumple ahora un año y que permanece en estado latente.
Un Gobierno que presiona al Supremo antes incluso de que dicte sentencia y que está dispuesto a traicionar la función jurisdiccional del Estado canjeándola para votos independentistas en el Congreso no puede ser un Gobierno digno.
La impunidad de un ladrón es una infamia; la de un golpista, que es el ladrón de la soberanía de todos, lo es con mayor razón.
