La campaña de la infamia que Pablo Iglesias comenzó el 19 de octiubre de 2018 blanqueando la imagen del Oriol Junqueras en prisión, y que siguió después conversando con el fugado Carles Puigdemont desde Bruselas, no ha hecho más que dar carta de naturaleza y legitimidad a dos golpistas que hace un año quisieron dinamitar nuestro Estado de Derecho (Ni España ni los españoles se merecen a Pedro Sánchez y este Gobierno de mierda).
Iglesias también se reunió ayer con el lendakari, Íñigo Urkullu, quien si bien cumple con todos los estándares institucionales, no ha renunciado a la autodeterminación del País Vasco, ni a gestionar la libertad de todos los presos de ETA ni a pactar con los proetarras un nuevo régimen de futuras mayorías excluyentes y sectarias (Los Presupuestos de Pedro y Pablo son como su nueva RTVE: una mierda).
En calidad de vicepresidente in pectore del Gobierno o como líder de un oscuro proceso que pretende el desmantelamiento del Estado, Pablo Iglesias acapara un protagonismo inédito al servicio de Pedro Sánchez que debería escandalizar al socialismo (Pedro Sánchez, alias ‘Doctor Fraude’, consigió su cum laude en una Universidad que hace trampas).
El PSOE se está radicalizando de manera tan exacerbada que ha empezado a confundirse con Podemos para sepultar a la clásica socialdemocracia constitucional, progresista y garante de la unidad de España.
Actúe por indicación de Sánchez o no, hay una evidencia irrefutable: Iglesias no está siendo desautorizado por La Moncloa, y eso es precisamente lo que resulta más preocupante, porque ni el ciudadano más ingenuo podrá creerse que Iglesias acude a la cárcel de Lledoners, se humilla a Puigdemont o se sienta con Urkullu para negociar los Presupuestos Generales y no una fórmula de sumisa rendición del Estado al separatismo.
Lo que Iglesias negocia son las condiciones de un chantaje definitivo al Estado de Derecho, las libertades constitucionales y la monarquía parlamentaria para que sean aceptadas por Sánchez con tal de aferrarse a la presidencia del Gobierno y agotar una legislatura forzada.
Nuestra nación está siendo víctima de un frente-populismo radical, republicano y antiespañol que ha empezado a servir de base para la marginación institucional del centro-derecha y para convertirse en la premisa de una incipiente ruptura de España.
La superioridad moral con que se maneja la izquierda, unida a la cínica complicidad de Sánchez para aceptar ese chantaje destructivo de la Constitución mediante un nuevo proceso constituyente -ese es el deseo de Podemos y los independentistas-, puede plasmarse en breve en diversos tripartitos social-populistas que en el pasado ya hundieron a Cataluña.
Sánchez e Iglesias están dando ya demasiadas muestras de su letal capacidad para transformar a España en un régimen autoritario desde el desprecio más burdo a las leyes vigentes. Haría bien ese reducto del PSOE aún leal con la democracia en alzar la voz y frenarles con urgencia.
