EL fenómeno de Vox podrá explicarse y analizarse de muchas formas, pero una vez más la izquierda no solo ha elegido la más errónea y guerracivilista, sino que parece no asumir que es ella quien lo ha alimentado y que, pese a los lamentos de ahora, es una opción legítima y democrática (La ministra Delgado dice que proetarras y golpistas son constitucionales, «pero VOX no»).
En España, un régimen de libertades, son las urnas quienes dan y quitan las credenciales de legitimidad, y no consta que ni una sola formación de la izquierda haya impulsado la ilegalización de Vox o haya impugnado una sola de sus listas ante la Junta Electoral (Las jeta infumable de Ábalos: donde dije ‘rebelión’ ahora digo ‘intento’… ¡Y Ana Pastor traga!).
Es la izquierda la que ha legitimado el discurso de una derecha radicalizada en una sociedad en la que, si algo empieza a ser preocupante, es la polarización ciudadana hacia los extremos en detrimento de la moderación (Cómo serán las bobadas de Echenique sobre los votantes de VOX que hasta Ferreras le frena el patinazo: «La izquierda está noqueada»).
La búsqueda de una fractura social es la coartada de la izquierda en su obsesión por dividir a la derecha para restar su representación en las instituciones. Paradójicamente, ocurre lo contrario (Los oyentes de COPE se hartan de que los tertulianos blanditos de Carlos Herrera digan que VOX es «el coco» ).
La conclusión es evidente: la radicalización de la vida pública en España, a un lado o al otro del espectro ideológico, es nociva. Por eso, la socialdemocracia y el comunismo anticonstitucional de Podemos se equivocan alentando la conformación de un «frente antifascista».
Primero, porque en España estamos celebrando cuarenta años de una Constitución ejemplar, y segundo porque no existe el fascismo en nuestro país. Sostener eso es desconocer qué supuso el fascismo en la historia de Europa.
Lo amenazante para la salud de nuestra democracia es la italianización de la política. Mal que bien, se fraguan investiduras, pero luego unos partidos y otros impiden la gobernabilidad real bloqueándose en los Parlamentos. Todo forma parte de una anomalía que la ciudadanía castiga entregándose a un extremismo que no augura nada bueno, por legítimo que sea.
La izquierda no reflexiona con acierto. Cree que con su falsa superioridad moral bastará con criminalizar a una parte del electorado tildándole de fascista o nazi, o apelando a «matar fachas». Y eso es no entender lo que ocurre, ni por qué la izquierda ha fracasado esta vez en Andalucía. Que la ministra de Justicia sostenga que Bildu, ERC o el PDECat son partidos «constitucionalistas» es atentar contra el sentido común de los españoles.
El PSOE sigue sin comprender que la razón esencial para su debacle en Andalucía es su connivencia y permisividad con sus socios de moción de censura y con el separatismo catalán. Lo demás es contribuir a reabrir con odio heridas cerradas durante la Transición.
El PSOE no tiene derecho a quejarse de un efecto péndulo ideológico en España, sobre todo si sobrevive gracias a Podemos, inmerso en un revanchismo inculto y grosero que quiere imponer una Constitución chavista y erradicar la Monarquía.
