ANÁLISIS

El Tribunal Supremo está ya metiendo en vereda a los golpistas catalanes

El Tribunal Supremo está ya metiendo en vereda a los golpistas catalanes
El juez Manuel Marchena. EP

LA Sala Penal del Tribunal Supremo acordó este 27 de diciembre de 2018, de forma unánime y sin fisuras, reafirmar su competencia para juzgar a los acusados de promover un golpe de Estado en Cataluña hace un año (El juicio a los golpistas catalanes se retrasa al menos hasta febrero de 2019).

El Tribunal entiende que, indiciariamente, doce de los dieciocho encausados idearon y ejecutaron la consulta del 1-O, empleando para ello distintos medios y estrategias fuera de España, lo cual viene a confirmar la competencia del Supremo en lugar de la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Francino provoca un tsunami en la SER reclamando en una emisora separatista la libertad de los golpistas).

En cambio, el Supremo es receptivo a la idea de que seis de los inicialmente encausados solo por desobediencia sean finalmente juzgados en Barcelona, y no en la sede de Alto Tribunal en Madrid (Soberano caño de Luis Ventoso al protoseparatista Xavi Hernández por su nuevo apoyo a los golpistas).

Tiene lógica esta escisión en el proceso judicial: por un lado, el Supremo simplificará el juicio cuando comience formalmente en enero y, por otro, es coherente con el antecedente que supuso el enjuiciamiento de Artur Mas en el Tribunal Superior de Justicia catalán, precisamente por desobediencia (Marchena manda a hacer puñetas a PP y PSOE por mantener al chulo Cosidó y a la sucia Delgado).

Aquella condena a Mas por inhabilitación abrió el camino para que ahora otros seis procesados puedan eludir el banquillo del Supremo.

De este modo, el Alto Tribunal se limitará a determinar si hubo rebelión, sedición y malversación, dejando otros delitos conectados menos relevantes en manos del TSJ.

En cualquier caso, y más allá de cuestiones de economía jurídica para aligerar el banquillo y acortar la duración del juicio, el Supremo ha salvado la trampa que le puso el separatismo desautorizando la estrategia de defensa de los golpistas, rayana en la mala fe procesal, de cuestionar la independencia del Tribunal.

El Supremo no se arroga casos por capricho, sino por criterios de legalidad. Los mismos que los golpistas pisotearon.

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