ANALISIS

Andalucía: El imprescindible cambio y el dilema en que se debate VOX

El partido de Abascal debe decidir qué prefiere y, si decide petrificarse en su discurso, explicar a sus votantes por qué les ofrece un cambio que luego está dispuesto a frustrar

Andalucía: El imprescindible cambio y el dilema en que se debate VOX
Francisco Serrano (Vox), Juanma Moreno (PP) y Juan Marín (Cs). EP

SI Vox quiere ser un impulsor del cambio político, debe ser consciente de que su primer examen se celebra en Andalucía y para aprobarlo no le conviene incurrir en triunfalismos por los resultados obtenidos en esta Comunidad (Jorge Verstrynge: «Yo he sido fascista y por eso sé que VOX no lo es»).

El partido liderado por Abascal ha advertido al PP y a Ciudadanos de que no apoyará las medidas contra la violencia de género incluidas en su pacto de gobierno (VOX se querella contra el tertuliano Antonio Maestre por calumnias).

Su posición sobre esta cuestión es conocida: los dirigentes de Vox critican los excesos en la protección legal de la mujer y los incluyen en la ideología de género fomentada por la izquierda (La inteligente respuesta con la que Arrimadas hace trizas la obsesión de la Cadena SER con Vox).

Aun cuando el planteamiento de Vox pueda tener apoyo parcial en un análisis objetivo de cómo se está tratando legalmente la violencia contra la mujer, sería temerario poner en peligro el cambio de gobierno en Andalucía, porque la política contra la violencia machista es un compromiso nacional de todas las fuerzas parlamentarias, está basada en una ley estatal declarada constitucional y responde a un grave fenómeno real en la sociedad española (La espectacular irrupción de VOX da una amplia mayoría al centroderecha en España).

Es cierto que en torno a la violencia contra la mujer se ha construido un discurso de corrección política que condena cualquier juicio crítico a la eficacia de las políticas adoptadas hasta el momento por las instituciones (VOX no aceptará los acuerdos firmados por PP y C’s para impulsar leyes de género en Andalucía).

También es cierto que algunos aspectos del régimen penal aplicado a la violencia contra la mujer están bordeando los límites del Estado de Derecho, porque han transformado la presunción de inocencia en presunción de culpabilidad y porque han convertido la condición masculina en una agravante de la pena cuando la víctima es una mujer.

Todos esos errores de la política contra la violencia machista -a cuyos lomos se ha subido la ideología de género- no se arreglan obstaculizando la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta.

El papel de Vox no debería ser un trasunto en Andalucía del que juegan las minorías nacionalistas en el Parlamento nacional, consistente en demandar efectos políticos superiores a los que corresponderían por su representación electoral.

Se debe propiciar una modificación de las políticas demagógicas sobre la mujer impulsadas por la izquierda desde 2005, pero sin despreciar el intolerable número de mujeres asesinadas, agredidas y amenazadas que se produce año tras año.

Pero este y otros cambios no menos necesarios dependen de que el poder político pase a otras manos, primero en Andalucía y a continuación en el resto de España. Vox debe decidir qué prefiere y, si decide petrificarse en su discurso, explicar a sus votantes por qué les ofrece un cambio que luego está dispuesto a frustrar.

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