No por repetir calificativos como humillado, indigno, felón, traidor, prevaricador o antipatriota, Pedro Sánchez va a rectificar.
El presidente del Gobierno ha ligado su futuro político a los separatistas catalanes y a la idea de una España en la que se puede negociar la secesión de una parte de su territorio.
Y todo ello, aun a riesgo de fracturar de nuevo al PSOE y de sufrir el rechazo de muchos votantes de la izquierda que deploran su capacidad de cesión al chantaje con tal de aferrarse unos meses más a La Moncloa.
La primera consecuencia de su ofensa a todos los españoles que creen en la nación ha sido la convocatoria coordinada de una manifestación, por parte del PP, Ciudadanos y Vox, que promete ser multitudinaria.
Sánchez no escucha ni a su propio partido, y por eso se ha convertido en una cuestión de Estado que escuche a los españoles en la calle clamar contra su abuso de poder. Pablo Casado no ha descartado presentar una moción de censura pese a la certeza de perderla, y Ciudadanos debería plantearse un gesto similar contra Joaquim Torra de una vez por todas.
No se trata de desbancar a los dos socios de esta estafa moral a la Constitución porque la aritmética de escaños no cuadraría. Pero sí de retratar a los responsables de una felonía diseñada para dinamitar los pilares del Estado constitucional, y de ponerles ante el espejo de su insolvencia.
La izquierda lo tendrá fácil al acusar a los manifestantes de fascistas nostálgicos de una derecha ultramontana. Pero esa misma izquierda sabe que esa coartada ya no sirve. Será un legítimo ejercicio de libertad patriótica en defensa de la misma Constitución que Sánchez quiere derogar por la vía de los hechos consumados, y cuyo artículo 155 se niega a aplicar cuando una autonomía se declara en rebeldía.
Ayer Sánchez no dio la cara pese a la convulsión en el PSOE. Las expectativas electorales de su partido parecen no importarle en absoluto, y las voces críticas que se alzaron contra su decisión de designar a un «relator» en sus negociaciones con la Generalitat solo buscan proteger sus propios intereses.
Fue Carmen Calvo quien dio la cara para repetir, de modo balbuceante, que un relator es una figura inocua, y acusó a otros dirigentes socialistas de rechazar la medida por «falta de información». Claro.
Es la misma falta de información que padecen todos los españoles porque Sánchez sabe que su plan ni es legítimo ni es legal. ¿Cómo puede sostener Calvo que el documento-chantaje de Torra no existe, y a la vez «adivinar» que Torra deseaba un relator?
Sea magia política o mera ciencia infusa, es delirante. Peor aún: es una mentira sostenida sobre el ego de un presidente carente de valores democráticos. Si el PSOE no reacciona, será corresponsable de esta indignidad contra España.
