EL presidente del Gobierno acudió ayer a la sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Comité de ministros del Consejo de Europa para reivindicar la independencia de la justicia española a escasos días de que empiece el juicio a los golpistas del 1-O.
Pero Sánchez dejó de ser creíble hace tiempo. Antes de este discurso carente de credibilidad, su Gobierno ya había abandonado a su suerte a Pablo Llarena, ya había permitido que se dudase de la independencia del Supremo, y ya había pervertido a la Abogacía del Estado para retirar su acusación por rebelión.
Cuando Sánchez sostiene ante Europa que «si se prima la crispación sobre el acuerdo, la democracia se debilita», debería aclarar si se refiere al golpismo independentista ante el que está humillando a todos los españoles, o si está criticando a los partidos que han convocado una manifestación por la unidad de España. Lógicamente se refería a los segundos. Es Sánchez en plena exhibición de su doble moral.
Desde hace semanas, Sánchez mantiene callada a la ministra de Justicia. Es incomprensible que Dolores Delgado guarde silencio cuando se atacan los juzgados en Cataluña y su único empeño sea liderar la lucha contra un franquismo que desapareció hace medio siglo y perseguir a la Iglesia.
Este 7 de febrero de 2019, el CGPJ se vio obligado a reclamar al ministro Marlaska que envíe a la Policía o la Guardia Civil a proteger los juzgados ante la negligencia (seguramente inducida por sus superiores políticos) de los Mossos en garantizar su seguridad frente a la violencia de los CDR.
Sánchez y muchos de sus ministros han sido unos acosadores del TS con una conducta sumisa con el independentismo. Sin rubor, el Gobierno ha pedido la excarcelación de los golpistas y creado el estado de opinión para que su hipotético indulto no sea un escándalo. Sánchez y Delgado callan cuando se han intentado imponer unos «observadores internacionales» al Supremo, como si España fuese un país sin garantías procesales.
La imparcialidad del TS está garantizada por muchas sandeces que repitan los secesionistas. ¿Qué observadores necesita una vista que será retransmitida de forma transparente? Es inaudito.
Es imposible argumentar que España no es un país de libertades y derechos. Y organismos que deberían conservar un mínimo de dignidad, como el Consejo de la Abogacía catalana, que enviará a varios «observadores» al Supremo, deberían ser desautorizados por el Ministerio y el Consejo General de la Abogacía.
España es una nación de garantías y derechos. Y tan es así, que un presidente regional ferviente del golpismo y la xenofobia ocupa el cargo porque Sánchez se niega a aplicar el 155. España no es inquisitorial. Al contrario, la dependencia que Sánchez tiene del separatismo es otra forma de arrojar estiércol sobre nuestra Justicia.
